El debate por la reforma laboral sumó un giro inesperado luego de que el Poder Ejecutivo decidiera retirar el artículo 44 del proyecto, que introducía cambios de fondo en el régimen de licencias por enfermedades o accidentes inculpables. Con esta marcha atrás, se mantiene sin modificaciones el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), uno de los puntos más sensibles para empresarios y gremios.
La decisión busca destrabar el tratamiento parlamentario del resto de la iniciativa, dejando fuera un capítulo que había generado fuertes tensiones en el ámbito político y productivo.
Qué proponía el artículo eliminado
El texto original planteaba segmentar el salario que percibe el trabajador durante una licencia por enfermedad o accidente no laboral:
50% del salario si la afección derivaba de una acción voluntaria y riesgosa del trabajador.
75% del salario si no existía conducta voluntaria.
En ambos casos, los plazos eran de tres meses para empleados sin cargas de familia y seis meses para quienes tuvieran familiares a cargo. Además, en enfermedades crónicas solo se reconocería un nuevo período pago si hubieran transcurrido más de dos años desde el episodio anterior.
También se establecía que el derecho al cobro del porcentaje correspondiente no podía verse afectado por suspensiones económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador.
Con la eliminación del artículo, estas escalas y condiciones quedan sin efecto.
Cómo queda el régimen vigente
Al mantenerse la LCT sin cambios en este punto, continúa el sistema actual:
El trabajador cobra el 100% del salario, con carácter remunerativo.
El empleador debe afrontar la totalidad de las cargas sociales.
Los plazos varían según antigüedad y cargas de familia, pudiendo extenderse hasta 12 meses en determinados casos.
Esto implica que no habrá modificaciones en los costos laborales vinculados a licencias médicas, un aspecto que el sector empresario buscaba revisar.
La postura de la industria
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que participó activamente en las mesas técnicas del llamado Consejo de Mayo, se había impulsado una alternativa intermedia: que el trabajador percibiera el 100% del salario, pero con carácter no remunerativo, es decir, sin cargas patronales.
El planteo apuntaba a que el Estado asumiera parte del costo, siguiendo esquemas vigentes en otros países de la región, donde la cobertura inicial corre por cuenta del empleador y luego interviene el sistema de seguridad social.
Si bien la decisión oficial generó cierta decepción, en el sector industrial predomina una postura pragmática: priorizar el avance del resto de la reforma antes que trabar el debate por este punto específico.
Impacto en pymes y litigiosidad
Las pequeñas y medianas empresas sostienen que el régimen actual puede generar vulnerabilidad financiera, especialmente cuando deben afrontar salarios completos sin contraprestación laboral durante períodos prolongados.
Además, las cámaras empresarias insisten en que la falta de controles eficientes sobre certificados médicos favorece conflictos judiciales. Según especialistas en derecho laboral, la modificación apuntaba también a reducir la litigiosidad en el fuero laboral, donde las controversias por licencias médicas suelen derivar en reclamos indemnizatorios.
Con la eliminación del artículo, esa problemática seguirá rigiéndose por el marco vigente.
Qué busca ahora el Gobierno
La estrategia oficial apunta a garantizar consenso en los ejes centrales de la reforma laboral, evitando que el capítulo de licencias médicas —uno de los más polémicos— complique la aprobación general del proyecto.
En la práctica, el Gobierno optó por sostener el equilibrio entre el reclamo empresario de reducir costos y la necesidad de preservar el financiamiento del sistema de seguridad social, manteniendo el esquema actual de protección al trabajador.
Así, la reforma continuará su recorrido legislativo sin uno de los cambios que mayor debate había generado.
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