El debate sobre la modernización del trabajo en Argentina empieza a tomar forma. Según el abogado laboralista Julián De Diego, quien tuvo acceso al borrador que el Gobierno mantiene bajo reserva, la iniciativa incluirá cerca de noventa artículos con cambios sustanciales en materia de contratos, jornada laboral y derecho de huelga, con el objetivo de actualizar una legislación vigente desde hace medio siglo.
En diálogo con Radio Mitre, el especialista explicó que el proyecto busca “darle aire fresco” a la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los ejes mencionó la creación de un banco de horas, la incorporación de figuras contractuales más flexibles y la adaptación de las normas al avance tecnológico y la inteligencia artificial. “Se trata de una reforma que apunta a generar confianza y reglas claras, necesarias para atraer inversiones y promover empleo formal”, señaló.
Frente a las críticas de sectores sindicales y opositores, que advirtieron sobre una posible pérdida de derechos o la eliminación de las indemnizaciones, De Diego fue contundente: “Eso es un disparate total. Los derechos fundamentales se respetan y, en algunos casos, se mejoran”.
El abogado aclaró que la iniciativa mantiene el régimen indemnizatorio vigente y adopta el criterio del fallo Vizzotti de la Corte Suprema, que en 2004 declaró inconstitucional el tope que reducía las compensaciones por despido. En esa línea, el proyecto garantizaría que el monto no sea inferior al 67% del salario real del trabajador.
En cuanto al tiempo de trabajo, De Diego precisó que la jornada básica no se modifica, manteniendo el promedio de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales. Sin embargo, el esquema permitiría una mayor flexibilidad en su distribución: “Podrá trabajarse hasta doce horas en determinados días, siempre que se respete el promedio semanal y haya acuerdo sindical”, explicó.
Puso como ejemplo el caso de los empleados de centros comerciales, que podrían tener jornadas más extensas los fines de semana y días de descanso al comienzo de la semana. Este tipo de organización —agregó— ya se aplica en sectores como la minería, donde los trabajadores cumplen ciclos de dos semanas intensivas y luego descansan hasta diez días.
Otro de los puntos en análisis es la posible implementación de un Fondo de Cese, que funcionaría como un mecanismo de seguro para cubrir indemnizaciones. Según De Diego, esta herramienta ya está prevista en la Ley de Bases y contaría con un fideicomiso administrado por bancos o aseguradoras. No obstante, advirtió que su puesta en marcha requiere acuerdo entre sindicatos y empresarios, ya que implicaría un aporte mensual adicional de entre el 2% y el 10% del salario, según la actividad.
El abogado sostuvo que la reforma laboral no puede analizarse de manera aislada: “Debe complementarse con una actualización del sistema previsional y un alivio impositivo, porque hoy Argentina tiene uno de los costos laborales más altos del mundo”.
De Diego indicó que el texto final del proyecto se presentará oficialmente después del 10 de diciembre, una vez que asuman los nuevos legisladores. Hasta entonces, continuarán las reuniones con gobernadores y representantes del sector privado, quienes ya recibieron los primeros adelantos de la propuesta.
“La clave está en construir un marco que combine competitividad con protección al trabajador. Modernizar no es quitar derechos, sino adaptarlos a los desafíos del siglo XXI”, concluyó el especialista.
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