Tras un arranque accidentado en el Senado, el Gobierno nacional insiste en avanzar contra reloj con la reforma laboral, uno de los ejes centrales de su agenda legislativa. Sin embargo, las dificultades políticas y reglamentarias en la Cámara alta exponen un escenario mucho más complejo del que imagina el oficialismo.
La estrategia de La Libertad Avanza contempla la realización de tres plenarios de comisiones, la eventual incorporación del Presupuesto 2026 al temario y una sesión antes del cierre del período extraordinario, previsto para el 30 de diciembre. Con pocas fechas disponibles para sesionar, en la Casa Rosada no descartan convocar al recinto el sábado 27 o, en su defecto, el lunes 29.
Antes de ese objetivo, el primer escollo será este martes, cuando los jefes de bloque participen de la reunión de Labor Parlamentaria, a partir de las 11, con la intención de cerrar la integración de las comisiones que intervendrán en el debate. Para el tratamiento de la reforma laboral se definió que participen las comisiones de Trabajo —como cabecera— y Presupuesto y Hacienda, una decisión que no conformó plenamente al Ejecutivo.
El oficialismo sabe que el desafío no es menor: con apenas 21 senadores propios, aún necesita sumar al menos 16 voluntades para alcanzar el quórum. En ese camino aparecen tensiones internas, reclamos de aliados circunstanciales, demandas de bloques provinciales y una creciente disputa por espacios de poder dentro de las comisiones. El malestar es habitual en el Senado y, lejos de disiparse, parece incrementarse a medida que se acelera el calendario.
Superado el trámite del martes, la intención de LLA es convocar a plenarios de comisión entre miércoles y viernes para analizar el proyecto y emitir dictamen. “Se eliminan leyes y se modifican tributos; todo resulta demasiado apresurado”, reconoció un legislador libertario con conocimiento del entramado interno.
La urgencia responde a una limitación clave: el kirchnerismo no facilitará los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas, lo que obliga a respetar los siete días reglamentarios entre dictamen y sesión. Algunos sectores del oficialismo apostaban a un entendimiento con el peronismo para sesionar el lunes 22 y cerrar el año legislativo, una opción que ya fue descartada.
El trasfondo del debate abre interrogantes sobre el costo político de forzar el avance del paquete laboral. Si bien el peronismo ha demostrado que, con número, las reglas pueden reinterpretarse, los libertarios aún no cuentan con ese margen. La duda es si vale la pena presionar a un radicalismo dividido, a un PRO fragmentado y a aliados provinciales volátiles para aprobar la reforma de manera exprés.
El panorama se complejiza aún más con la posible llegada del Presupuesto 2026 al Senado. En Diputados se proyecta una sesión para la próxima semana y, de aprobarse, la ley de gastos pasaría rápidamente a la Cámara alta, superponiéndose con la discusión laboral.
Mientras la Casa Rosada intenta sostener el impulso político que promovió durante semanas, la realidad parlamentaria impone límites. Algunos funcionarios confían en avanzar ahora; otros evalúan que postergar el debate para febrero o marzo —con el inicio del período ordinario y la presencia del presidente Javier Milei— podría reducir el desgaste. Por lo pronto, la reforma laboral sigue en carrera, pero con más obstáculos que certezas.
