La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes, por mayoría, las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad. De esta manera, seguirá utilizando una tobillera electrónica, mantendrá el régimen restringido de visitas y continuará con las limitaciones para acceder a la terraza del edificio donde cumple la condena.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara de Casación. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña votaron por rechazar el recurso presentado por la defensa, mientras que Mariano Borinsky quedó en minoría al considerar que las tres restricciones debían ser levantadas.
La defensa de la exmandataria, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había solicitado flexibilizar las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N.º 2. Entre sus argumentos señalaron que durante casi un año no se registraron incumplimientos, que el domicilio cuenta con custodia policial permanente y que el monitoreo mediante tobillera electrónica no resultaba necesario. También pidieron eliminar las restricciones para el uso de la terraza.
En el voto mayoritario, Hornos sostuvo que las medidas cuestionadas no agravan la condena, sino que constituyen mecanismos de control propios del régimen de prisión domiciliaria, una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena. Afirmó además que el cumplimiento de las condiciones impuestas no justifica su flexibilización, sino que es un requisito para conservar ese beneficio. Barroetaveña adhirió a ese criterio.
Por el contrario, Borinsky entendió que el régimen restringido de visitas carece de sustento normativo, que la tobillera electrónica resulta innecesaria debido a la custodia permanente y al comportamiento procesal de la condenada, y que las limitaciones para acceder a la terraza no fueron suficientemente fundamentadas.
Con este fallo, quedaron firmes todas las condiciones fijadas por el Tribunal Oral Federal 2 para la ejecución de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La sentencia había quedado firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de rechazar el último recurso presentado por su defensa.
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