La querella de la Unidad de Información Financiera sostuvo que la expresidenta habría diseñado y dirigido un esquema para canalizar fondos de presunto origen ilícito a través de la sociedad Los Sauces.
También señaló a Máximo Kirchner como organizador de una asociación ilícita. Las acusaciones fueron expuestas durante una nueva audiencia del juicio oral.
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces continuó este viernes con la lectura de la parte final de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que atribuyó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner un papel central en una presunta estructura de lavado de activos mediante operaciones inmobiliarias y contratos de alquiler.
Durante la audiencia, la querella sostuvo que Cristina Kirchner habría diseñado, ejecutado y dirigido un mecanismo de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia. Según la hipótesis acusatoria, mediante esa operatoria se habría logrado dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de empresas vinculadas a los grupos empresarios de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La UIF también ubicó al diputado nacional Máximo Kirchner como presunto organizador de la asociación ilícita. De acuerdo con la acusación, habría intervenido en las operaciones comerciales e inmobiliarias que permitieron canalizar fondos hacia la sociedad familiar, además de participar en contratos de alquiler con empresas de los grupos empresarios investigados.
Uno de los puntos centrales expuestos durante la jornada estuvo relacionado con la compra del inmueble de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente la expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. La querella cuestionó la falta de transparencia en los movimientos bancarios utilizados para concretar la operación y sostuvo que el dinero habría provenido de cuentas personales de Cristina Kirchner, aunque fue depositado en una cuenta de Los Sauces.
Según la UIF, en las operaciones realizadas entre sucursales del Banco Nación de Río Gallegos y Plaza de Mayo no habría quedado debidamente registrada la identidad de quienes ordenaron los movimientos y efectuaron los depósitos. La acusación consideró que esa modalidad impidió establecer con claridad el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad.
Contratos de alquiler bajo sospecha
Otro de los ejes de la presentación estuvo vinculado con los acuerdos comerciales entre Los Sauces y empresas del Grupo Indalo. La querella sostuvo que se habrían utilizado contratos de alquiler con valores superiores a los del mercado para transferir dinero hacia la sociedad de la familia Kirchner.
Entre los mecanismos señalados figura el alquiler de espacios comunes y amenities del complejo Madero Center, utilizado por el empresario Fabián De Sousa. Según la acusación, esos servicios ya estaban comprendidos en la cesión del departamento, pero igualmente fueron facturados por separado a través de una empresa vinculada al grupo empresario.
También se mencionó un contrato celebrado en 2012 entre Los Sauces y la firma M&S, representada por De Sousa, para el alquiler de un dúplex ubicado en los pisos 8 y 9 del mismo complejo. La UIF afirmó que los montos abonados habrían incluido sobreprecios de entre el 100 y el 150 por ciento respecto de los valores de mercado.
Para la querella, esos acuerdos habrían funcionado como una vía para canalizar fondos bajo la apariencia de operaciones inmobiliarias legítimas.
Las responsabilidades atribuidas a otros acusados
La acusación también describió la participación que les atribuye a otros integrantes del entramado empresarial. En ese contexto, señaló a Martín Báez por su intervención en distintas sociedades del grupo de su padre y por haber avalado operaciones de compra, construcción, alquiler y transferencia de propiedades relacionadas con Los Sauces.
Asimismo, fueron mencionados Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Oscar Alberto Leiva y Carlos Alberto Sancho, a quienes la UIF atribuyó diferentes intervenciones en la administración de sociedades, la firma de contratos, la emisión de cheques y la canalización de fondos.
La querella sostuvo que Los Sauces experimentó un crecimiento patrimonial a partir de aportes constantes de empresas cuyos titulares mantenían vínculos comerciales con el Estado nacional, concesiones viales y actividades relacionadas con el juego.
También afirmó que integrantes de la familia Kirchner habrían retirado fondos de la sociedad después de que el dinero atravesara una serie de movimientos bancarios destinados, según la hipótesis fiscal, a disimular su procedencia.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y los restantes acusados participan de las audiencias mediante videoconferencia, mientras que los magistrados, la fiscalía y los representantes de la UIF asisten presencialmente a los tribunales de Comodoro Py.
La exposición de este viernes forma parte de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y de los argumentos de la querella. Las afirmaciones sobre la existencia de una asociación ilícita y las maniobras de lavado corresponden a la acusación de la UIF y deberán ser evaluadas en el desarrollo del proceso judicial.
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