“Quieren que un pueblo hundido en la pobreza compense a las petroleras”

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Solano presentó una declaración en la Legislatura porteña en repudio al nuevo aumento de la tarifa del gas.

Allí señaló: “En gobierno pretende que un pueblo hundido en la pobreza compense a las petroleras por una cifra de 10.000 millones de pesos. Estamos ante un atropello que raya con la provocación. El argumento de que las empresas fueron afectadas por la devaluación es intolerable. Los más afectados por ésta fueron los trabajadores con menores ingresos y los jubilados, pero sin embargo para ellos no hay ninguna compensación. Al contrario, son los que deben enfrentar una inflación creciente que carcome la capacidad adquisitiva de su ingresos”.

“El ministro Javier Iguacel es un agente directo de las petroleras. Los argumentos que esgrime para justificar el aumento son copiados de los papers elaborados por los directorios empresarios. Iguacel defiende la dolarización de las tarifas impuestas por el macrismo, que se ha revelado como una bomba de tiempo ya que todo el peso de las sucesivas devaluaciones ejecutadas por el gobierno repercuten de manera directa en los servicios de gas, electricidad y en el precio de los combustibles. Esta dolarización es un premio a las empresas, pero un castigo a los trabajadores, cuyos salarios están pesificados y crecen mucho menos que la inflación”.

“Las empresas con la complicidad directa del gobierno han tomado como rehén a todo el pueblo argentino. En un documento interno que ha circulado por los medios, afirman que el aumento que deben recibir para compensar la devaluación es de un 181%. En un tono amenazante, aseguran que si no reciben un aumento de ese volumen paralizarán los planes de inversión, obligando al país a recurrir a mayores importaciones”.

La declaración presentada por Solano concluyó señalando que “es necesario terminar con estos chantajes de parte de quienes se apropian de los recursos naturales del país. Para ello planteamos la necesidad de una nacionalización integral del petróleo y el gas en toda la cadena (extracción, transporte y distribución) bajo el control y gestión por parte de los trabajadores”.