Los intermediarios de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández
El juez Sebastián Casanello lo acusa de negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero y varios exfuncionarios de Nación Seguros.
El ex presidente Alberto Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la denominada causa Seguros, que investiga un presunto entramado de beneficios irregulares a intermediarios durante su gestión. Además, el juez Sebastián Casanello dictó un embargo sobre sus bienes por $14.634 millones.
La resolución también alcanza al empresario Héctor Martínez Sosa, su pareja y ex secretaria presidencial María Cantero, y a una decena de exfuncionarios de Nación Seguros, entre ellos su extitular Alberto Pagliano.
Un entramado de vínculos, favores y comisiones
La causa se centra en el decreto 823/21, firmado por Fernández, que eliminó el sistema de coaseguro y le otorgó a Nación Seguros el monopolio de las pólizas estatales. Según la investigación, Martínez Sosa, amigo personal del ex presidente, y su red de empresas cobraron casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado entre 2019 y 2023, superando los $2.297 millones.
Durante ese período, acumuló contratos con 19 organismos públicos, entre ellos cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA y hasta la Corte Suprema. Si se incluyen pagos de 2024, el total de comisiones llega a $416 millones.
Chats, visitas secretas y vínculos personales
En un fallo de más de 400 páginas, Casanello sostuvo que la relación entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa iba más allá de lo laboral o la amistad, y quedó expuesta en mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, visitas reservadas a la quinta de Olivos y entrega de obsequios y dinero.
Una de las pruebas clave fue un mensaje enviado por Cantero al empresario apenas asumido el gobierno:
“Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida… Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo. ¿Estamos de acuerdo?”
El juez también resaltó el vínculo entre Fernández y Daniel “El Gordo” Rodríguez, exintendente de Olivos y exempleado de Martínez Sosa. Según el fallo, Rodríguez expresó en chats que el entonces presidente debía “pagar favores de tanto tiempo de abonos”.
Procesados, sobreseídos y nuevas medidas
Además de Fernández, Cantero y Martínez Sosa, Casanello procesó sin prisión preventiva a:
Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros
Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos, ex miembros del directorio
Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, ex responsables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
En cambio, dictó falta de mérito para seis empresarios: Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Hernán Alejandro Beretta, Javier Marcelo Rodríguez Gómez, Ricardo Mauricio Clement y Laura Elena Crisafulli.
También ordenó allanamientos en una serie de empresas vinculadas, entre ellas:
Martínez Sosa y Compañía, Bri Brokers, Levelar, TG Broker, San Cristóbal Mutual, San Germán Seguros, y otras firmas satélites como Safe Investment, Capital Consulting, Processing Data Argentina y Latin American Seguros.
Un informe clave de la PROCELAC
Un documento elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) fue determinante. De más de 600 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández antes de asumir la presidencia y reveló que entre 2010 y 2019 cobró $4,2 millones a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales.
La última factura data del 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de asumir como presidente. La defensa alegó que se trataba de informes sobre coyuntura política y económica.
