Diputados de la Nación en el debate obre el Presupuesto 2026
El oficialismo consiguió en la madrugada de este jueves la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados, pero sufrió un duro traspié político al no lograr derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. El texto girará ahora al Senado, donde el Gobierno buscará revertir el resultado adverso.
Se trata del primer presupuesto de la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema de gastos e ingresos 2023. Para aprobar el proyecto en general, La Libertad Avanza articuló una mayoría con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. En cambio, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo y resultó clave para el quórum inicial.
El artículo 75, el punto de quiebre
El conflicto se desató en la votación en particular. Varios aliados se desmarcaron del artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. A ese rechazo se sumaron diputados de bloques provinciales y un voto dividido dentro de la UCR, lo que terminó por voltear el capítulo que contenía ese artículo.
Para evitar ese desenlace, el oficialismo había impulsado una votación “por títulos” —agrupando artículos—, pero la oposición logró sostener la votación nominal y rechazó el capítulo completo. De ese modo, no sólo quedaron a salvo las leyes cuestionadas, sino que también cayeron dos incorporaciones de último momento: la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y un refuerzo presupuestario al Poder Judicial.
Germán Martínez, presidente de Fuerza Patria
Números bajo discusión
El Presupuesto proyecta un crecimiento del 5%, inflación anual del 10,1%, dólar en torno a $1.423 hacia diciembre de 2026 y superávit primario del 1,5% del PBI. Desde la oposición objetaron la consistencia de las proyecciones, especialmente el tipo de cambio y la dinámica inflacionaria, y cuestionaron la derogación de metas mínimas de financiamiento en educación, ciencia y defensa.
Las negociaciones incluyeron gestos hacia gobernadores mediante ATN y promesas sectoriales. Sin embargo, la decisión de mezclar en un mismo capítulo la derogación de las leyes sensibles con la coparticipación de CABA y fondos judiciales generó malestar incluso entre aliados como el PRO. El resultado final dejó al Gobierno con una victoria parcial y un costo político significativo.
Con la media sanción en mano, el Ejecutivo evalúa introducir cambios en el Senado y devolver el texto a Diputados. El revés abre un escenario de negociación más complejo, con la discapacidad y las universidades como líneas rojas que la oposición ya demostró estar dispuesta a defender.
