En cumplimiento del Decreto 1731-HF/2024, recientemente renovado mediante el Decreto 3952-HF/2025, la Fiscalía de Estado intensificó la revisión de todas las solicitudes de prescripción de inmuebles que son propiedad del Estado provincial.
La medida apunta a garantizar que ningún trámite avance sin reunir los requisitos legales ni el tiempo de posesión que exige la normativa vigente. Por este motivo, ante la presentación de numerosos pedidos que no cumplen con esas condiciones, el organismo está emitiendo las correspondientes intimaciones a fin de proteger el patrimonio público.
Uno de los casos abordados es el de la comunidad Cipaqui, donde un particular —sin acreditar representación comunitaria— intentó prescribir de manera individual un terreno perteneciente a la Provincia. La Fiscalía notificó únicamente a esta persona para que devuelva el inmueble, dado que el pedido no involucra a la comunidad ni afecta sus derechos.
Desde el organismo remarcaron que estas intervenciones se realizan en todo el territorio provincial, en el marco estricto de los decretos vigentes y sin avanzar en desalojos de comunidades originarias, sino actuando exclusivamente sobre particulares que pretenden apropiarse de tierras del Estado sin respaldo legal.
