Manuel Adorni, vocero presidencial
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
La medida fue dispuesta a pedido del fiscal Gerardo Pollicita y habilita a la Justicia a acceder sin restricciones a los movimientos financieros, cuentas bancarias, inversiones y declaraciones impositivas de la pareja, así como de la empresa AS Innovación Profesional, de la que ambos son propietarios.
Acceso total a la información financiera
La resolución judicial permite a los investigadores reconstruir el flujo de fondos desde el 1 de enero de 2022. Esto incluye depósitos, transferencias, préstamos, plazos fijos, consumos con tarjeta y cualquier otro tipo de operación económica.
También se ordenó relevar información vinculada a billeteras virtuales, cuentas digitales (CVU), alias y proveedores de servicios de pago, con el objetivo de detectar posibles circuitos financieros no declarados.
Ampliación de la investigación
El levantamiento del secreto fiscal y bancario alcanza además a seis mujeres identificadas en la causa como presuntas prestamistas o acreedoras del funcionario. La medida busca determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones, entre ellas la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Asimismo, el juzgado autorizó el acceso a información protegida por la ley de prevención de lavado de activos, lo que amplía el alcance del análisis patrimonial.
Objetivo: reconstruir el patrimonio
Según el planteo de la fiscalía, el objetivo central es comparar la evolución patrimonial de Adorni antes y después de su ingreso a la función pública, para detectar posibles inconsistencias o incrementos no justificados.
En ese marco, también se solicitó información al Banco Central sobre la totalidad de productos financieros vinculados a los investigados, y a la agencia tributaria (ARCA) las declaraciones juradas completas de impuestos a las ganancias y bienes personales.
La investigación busca determinar si existieron maniobras compatibles con delitos económicos, como lavado de activos o evasión fiscal, a partir del análisis integral de los movimientos financieros de los implicados.
