Nueva ley migratoria: el Gobierno busca que los extranjeros no residentes paguen por salud y educación

La iniciativa, mencionada por el presidente Javier Milei en la apertura del 143.° período de sesiones ordinarias, busca ser aprobada antes de fin de año.

Reforma migratoria: objetivos y modificaciones

Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que la redacción del proyecto avanza a buen ritmo en respuesta a un pedido expreso al ministro Cúneo Libarona. La normativa vigente, Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mediante el decreto 616/2010.

En su discurso ante el Congreso, Milei enfatizó la necesidad de reformar la normativa migratoria: “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero no podemos permitir que se nos tome por tontos. Quienes estén en el país de forma transitoria o temporaria deberán pagar por los servicios que utilicen”.

Cobro de servicios públicos a extranjeros

Algunas provincias ya implementaron medidas similares en el ámbito de la salud. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy establecieron aranceles para la atención médica de extranjeros no residentes, especialmente en internaciones y tratamientos especializados, lo que ha reducido el denominado «turismo sanitario». En Salta, esta política generó un ahorro estimado de 60 millones de pesos en un solo hospital, lo que representa casi la mitad del presupuesto del hospital de Santa Victoria Este.

Otras provincias, como Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, han anunciado intenciones de aplicar medidas similares. En el ámbito educativo, el Gobierno propone que las universidades también cobren a los extranjeros no residentes. Sin embargo, esta iniciativa podría enfrentar resistencia en el Congreso, donde la oposición ha defendido el acceso irrestricto a la educación pública.

Endurecimiento de los controles migratorios

El proyecto también prevé la expulsión inmediata de extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos, así como la prohibición de ingreso para quienes utilicen documentación falsa o tengan intenciones fraudulentas al entrar al país. «Si un extranjero es detenido en flagrancia cometiendo un delito o atacando las instituciones democráticas, será expulsado y se le prohibirá el reingreso», señaló el vocero presidencial Manuel Adorni en diciembre pasado.

Para reforzar la seguridad, el Gobierno incrementará los controles en las fronteras con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objetivo de frenar el ingreso ilegal y reducir delitos como el narcotráfico y el contrabando. Se prevé la instalación de nuevos radares y la modernización de los centros de control internacional.

Uno de los artículos que podría modificarse es el n.º 6 de la Ley 25.871, que actualmente garantiza a los inmigrantes acceso igualitario a servicios públicos como salud, educación y seguridad social.

El Gobierno no descarta avanzar con un decreto si el proyecto no prospera en el Congreso, aunque fuentes oficiales admiten que “no es la mejor opción”. La iniciativa podría tomar como referencia algunas políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato.

Con este paquete de reformas, el Ejecutivo busca modificar el enfoque migratorio del país, estableciendo nuevas condiciones para el acceso a derechos y servicios públicos por parte de extranjeros no residentes.