Por cadena nacional y rodeado por todo su Gabinete, Javier Milei convirtió este jueves a la noche la cuestión Malvinas en el eje de un mensaje que combinó reclamo histórico, advertencia contra las petroleras que operan en el área en disputa y un anuncio de fuerte contenido estratégico: la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Las palabras “Las Malvinas son argentinas” volvieron a ocupar este jueves por la noche el centro de la escena política nacional. A las 21.10, Javier Milei apareció en cadena nacional acompañado por todo su Gabinete para hablar de una cuestión que, en los últimos días, había vuelto a ganar espacio en la agenda internacional: la disputa de soberanía con el Reino Unido y el avance del proyecto petrolero Sea Lion al norte del archipiélago.
El Presidente eligió comenzar por una definición categórica. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó. Y enseguida buscó despegar la cuestión de cualquier disputa partidaria: “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”.
El tono del mensaje quedó planteado desde esos primeros minutos. No se trató solamente de una reivindicación histórica ni de una referencia al conflicto de 1982. Milei presentó la situación actual como un problema concreto y urgente, vinculado con los recursos naturales existentes en el Atlántico Sur.
Según explicó, el avance del proyecto Sea Lion representa una nueva etapa dentro de la controversia porque, por primera vez, la disputa por el territorio aparece asociada directamente a la extracción de petróleo a escala comercial.
“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo.
El Presidente hizo referencia a las resoluciones de Naciones Unidas que, según recordó, instan a la Argentina y al Reino Unido a evitar acciones unilaterales mientras permanece sin resolver la controversia de soberanía. En ese marco ubicó el desarrollo petrolero impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration como una acción que Argentina no puede aceptar.
Pero el mensaje no quedó circunscripto a la denuncia.
Milei anunció que su Gobierno enviará al Congreso un paquete de iniciativas destinadas a ampliar las herramientas legales contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en las áreas reclamadas por la Argentina.
Uno de los proyectos buscará modificar la Ley 26.659, endurecer las sanciones existentes y ampliar las consecuencias para las compañías que participen directamente de las explotaciones, pero también para aquellas que les presten servicios.
La estrategia planteada por el Gobierno apunta así a extender la presión más allá de las empresas que extraen petróleo. El objetivo es alcanzar también a la red de contratistas y proveedores que permita llevar adelante las operaciones.
Milei también anunció la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La intención, según explicó, es coordinar las áreas de Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía bajo una política común de seguridad nacional.
En otro tramo del mensaje, el Presidente habló de un régimen para proteger infraestructuras críticas y de un marco de protección aeroespacial y marítima. La cuestión Malvinas apareció así vinculada con una concepción más amplia de la defensa del territorio, los recursos estratégicos y las capacidades nacionales.
Fue entonces cuando llegó uno de los anuncios de mayor peso estratégico de la noche.
El Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
Milei presentó la iniciativa como parte de una estrategia para convertir a la Argentina en un polo logístico del Atlántico Sur y fortalecer su posición en una región que, según remarcó, tendrá una importancia creciente durante las próximas décadas.
La base, sostuvo, estará acompañada por un incremento de las capacidades argentinas de telecomunicaciones.
El anuncio modificó el eje del discurso. Lo que había comenzado como una defensa del reclamo histórico sobre las islas pasó a incorporar una dimensión territorial y geopolítica mucho más amplia: mayor presencia argentina en el extremo sur, protección de los recursos naturales y fortalecimiento de las capacidades militares y logísticas.
Sin embargo, Milei evitó presentar estas medidas como el comienzo de una estrategia ofensiva.
Su planteo estuvo centrado en la necesidad de recuperar capacidad de planificación y fortalecer las Fuerzas Armadas. “Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”, afirmó.
La referencia a las elecciones no fue casual. En un mensaje cuidadosamente construido alrededor de la idea de una política de Estado, el Presidente insistió en que la cuestión Malvinas debía quedar por encima de las diferencias entre partidos.
“Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido al mundo”, sostuvo.
El contexto internacional le dio al discurso un ingrediente adicional.
La cuestión Malvinas había vuelto a instalarse en la agenda apenas unos días antes, luego de que Donald Trump fuera consultado sobre una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. La respuesta del mandatario norteamericano —que revisa todas las posiciones— provocó reacciones en Londres y en las autoridades británicas de las islas.
Al mismo tiempo, el proyecto Sea Lion avanzó hacia su etapa de desarrollo. Navitas y Rockhopper ya habían anunciado la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto, con una producción proyectada de unos 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción previsto para 2028.
Ese horizonte temporal estuvo presente, aunque de manera indirecta, en la urgencia planteada por Milei.
El Gobierno argentino entiende que el problema ya no es solamente quién reclama la soberanía sobre las islas, sino quién comienza a ejercer, en los hechos, el control económico sobre los recursos que existen alrededor del archipiélago.
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