El Presidente firmó este sábado los decretos para rechazar ambas normas. El Gobierno apuesta a sostener los vetos en la Cámara de Diputados y evitar que se reúnan los dos tercios necesarios para revertirlos.
El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes que establecían un aumento para jubilaciones y pensiones, así como la declaración de emergencia en materia de discapacidad. La decisión se oficializará este lunes con la publicación de los decretos correspondientes en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes oficiales.
Ambas iniciativas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio con un fuerte respaldo de la oposición. Sin embargo, el oficialismo confía en contar con los votos suficientes en Diputados para impedir que se rechacen los vetos. Para ello, necesita bloquear una mayoría de dos tercios en al menos una de las dos cámaras.
Un veto anticipado y en sintonía con el FMI
La postura del mandatario ya había sido anticipada públicamente semanas atrás, durante una exposición en la Bolsa de Comercio:
“Vamos a vetar. Aun si el veto cayera, lo judicializaríamos. Y si la Justicia decidiera tratarlo rápidamente, el daño sería mínimo y lo revertiríamos el 11 de diciembre. La política del superávit fiscal es permanente”, declaró entonces.
El Fondo Monetario Internacional respaldó la medida, al considerar que las leyes votadas por el Congreso generan un escenario de “tensión política e institucional”. Según el staff técnico del organismo, su implementación implicaría un gasto adicional del 1,5% del PBI, aprobado en un contexto de creciente presión electoral de cara a las legislativas de octubre.
Además, el FMI subrayó que el Gobierno argentino se comprometió a presentar una propuesta de reforma previsional antes de 2026, con el objetivo de simplificar el sistema y mejorar la relación entre aportes y beneficios.
El impacto económico de las leyes vetadas
La ley previsional establecía un incremento real del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones (excepto los regímenes especiales), y elevaba el bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. También restituía, por dos años, la moratoria que permite a quienes no cumplieron los 30 años de aportes acceder al haber mínimo mediante la compra de períodos faltantes.
En paralelo, la norma sobre discapacidad declaraba la emergencia en el sector y habilitaba partidas extraordinarias para garantizar prestaciones y coberturas básicas.
Tensión con las provincias y negociaciones abiertas
El Gobierno evalúa ofrecer a las provincias una porción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como gesto para contener el malestar por el veto. No obstante, hasta el momento no hubo una propuesta formal, según aseguraron algunos mandatarios provinciales, quienes también reclaman una revisión del reparto de recursos vinculados a los combustibles líquidos.
En Diputados, el proyecto de aumento a los jubilados fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, con solo 28 ausencias. Aún no hay una posición unificada en el bloque del PRO, uno de los aliados clave de La Libertad Avanza.
“No está conversado porque se suspendieron las reuniones previstas y, con el receso de invierno, muchos diputados no están en Buenos Aires”, explicó una fuente legislativa.
Mientras tanto, organizaciones de jubilados continúan protestando cada miércoles frente al Congreso. En este escenario, el presidente Milei se mostró firme:
“Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que buscan llevar al país a la bancarrota y la pobreza”, afirmó recientemente ante la Sociedad Rural.
Antecedentes y perspectivas
El documento técnico del FMI recuerda que en 2004 el Congreso tampoco logró revertir un veto presidencial que bloqueó aumentos en pensiones y educación terciaria. Ahora, el Gobierno apuesta a un resultado similar, y a que los vetos firmados por Milei se mantengan sin ser rechazados en ninguna de las cámaras.
