La causa que más inquieta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo judicial. La defensa de los propietarios de TourProdEnter LLC pidió que se aparte como querellante a Guillermo Tofoni, el empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la Selección.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, donde tramita la investigación por presunta administración fraudulenta. Según la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette, Tofoni no cumpliría con el requisito de “particular ofendido” que exige el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación para ser reconocido como parte querellante.
El eje del planteo
En el escrito presentado el 13 de febrero, los abogados sostuvieron que el supuesto perjuicio invocado por Tofoni no sería directo ni singular, sino que alcanzaría en todo caso “a todos los clubes del fútbol argentino”. Bajo ese argumento, solicitaron que se rechace su participación formal como querellante.
La estrategia no es menor: si la jueza hiciera lugar al pedido, Tofoni perdería la posibilidad de impulsar medidas de prueba, acceder en forma plena al expediente y apelar resoluciones con el peso procesal de una parte.
Además, la defensa sostuvo que el conflicto debería encuadrarse como un eventual incumplimiento contractual y no en el ámbito penal, invocando el principio de “ultima ratio” del derecho penal.
La respuesta del empresario
Tofoni rechazó el planteo y aseguró que fue él quien aportó la prueba central del expediente a través de un procedimiento de discovery tramitado ante tribunales de Estados Unidos.
“El propio mecanismo de discovery exige acreditar un interés legítimo, concreto y actual”, sostuvo en su presentación. Según explicó, las autoridades judiciales estadounidenses analizaron su reclamo y consideraron jurídicamente atendible el acceso a información bancaria sensible vinculada a los denunciados.
A su entender, ese antecedente demuestra que existe una posible afectación patrimonial directa y descarta que su intervención tenga fines meramente especulativos.
El foco de la investigación
La causa analiza el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años, período en el que TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de la AFA en el exterior, con facultades para gestionar ingresos por amistosos, eventos y contratos de sponsoreo.
De acuerdo con la denuncia, las maniobras bajo sospecha habrían sido ejecutadas por Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en presunta complicidad con Faroni y Gillette. Se investiga el manejo de más de USD 300 millones correspondientes al ciclo más rentable de la historia reciente del seleccionado, coronado con el título en el Mundial de Qatar 2022.
Tofoni también cuestionó que la empresa estadounidense habría percibido una comisión del 30%, que —según su planteo— carecería de justificación y formaría parte del esquema investigado.
Una disputa clave
El expediente ya atravesó una discusión sobre competencia: un intento de derivarlo al fuero federal fue rechazado por la Cámara, que consideró que no había elementos para sostener la afectación de intereses federales.
Ahora, el debate se concentra en quién controlará el flujo de información sensible dentro del proceso. Si la magistrada reconoce a Tofoni como querellante, podrá continuar impulsando medidas y aportando documentación obtenida en el sistema financiero estadounidense. Si lo excluye, el avance dependerá exclusivamente de la iniciativa fiscal y judicial.
En una investigación atravesada por cifras millonarias y el manejo de los ingresos de la Selección campeona del mundo, la definición sobre la querella se convirtió en un punto neurálgico que puede incidir en el rumbo del caso.
