Ornella Calvete fue Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y renunció al cargo tras el escándalo
La Justicia le secuestró casi 700 mil dólares, una suma millonaria en pesos y euros durante un allanamiento en Puerto Madero. Está procesada como partícipe necesaria en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ornella Calvete, ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, quedó en el centro de una de las investigaciones por corrupción más sensibles del último tiempo. En el marco de la causa que indaga un presunto desfalco en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Policía Federal Argentina le incautó 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros durante un allanamiento en su departamento de Puerto Madero.
La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, el 9 de octubre pasado. El procedimiento se realizó en un lujoso piso de una torre ubicada en el barrio porteño, donde residía la funcionaria, quien renunció a su cargo días después de que el caso tomara estado público.
Según consta en el expediente, el dinero fue hallado oculto entre objetos personales, cajas de relojes de alta gama, habanos y prendas de vestir. Ante la Justicia, Calvete sostuvo que no tenía la administración ni disposición de esos fondos, aunque por el momento no podrá recuperarlos.
Este lunes, la ex funcionaria fue procesada junto a su padre, Miguel Ángel Calvete, y otros 17 acusados, como partícipe necesaria de una estructura de corrupción que habría operado en la ANDIS desde diciembre de 2023. Si bien no se dictó su detención, la resolución judicial la señala como una pieza clave dentro del entramado investigado.
Para el fiscal Picardi, Calvete utilizó su rol dentro del Estado para acceder y canalizar información sensible, incluso antes de asumir formalmente funciones vinculadas al área. De acuerdo con la acusación, realizó averiguaciones sobre la estructura interna de la Agencia de Discapacidad y sobre programas estratégicos como Incluir Salud.
La investigación también revela intercambios de mensajes con su padre, en los que habría aportado datos extraídos de bases oficiales. En uno de ellos, fechado en mayo de 2025, se le atribuye el envío de un archivo con información detallada sobre empresas importadoras, presuntamente utilizada para otros negocios privados ajenos a la salud pública.
Los investigadores sostienen que existía una acción coordinada entre padre e hija para obtener beneficios económicos mediante el uso de información privilegiada del Estado, no solo en el ámbito sanitario sino también en sectores como el de agroquímicos y fertilizantes.
Mientras la causa avanza, la Justicia continúa analizando el origen de los fondos secuestrados y el alcance real de la maniobra, que ya habría provocado un perjuicio millonario al Estado.
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