Los gremios docentes volverán a protagonizar un nuevo conflicto con el Gobierno nacional a partir del próximo lunes 3 de agosto. Mientras la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó un paro nacional de 24 horas, los sindicatos educativos nucleados en la CGT iniciarán un plan de lucha que se extenderá durante todo el mes, con distintas acciones de protesta pero sin convocar a huelgas.
La medida responde, principalmente, a la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y al reclamo por una recomposición salarial. Los sindicatos sostienen que el salario mínimo docente permanece en 500.000 pesos desde hace un año y denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
CTERA, conducida por Sonia Alesso y Roberto Baradel, resolvió el paro nacional durante un congreso realizado este miércoles. Además de exigir la inmediata apertura de la paritaria, reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.
La organización también manifestó su rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto oficial de Libertad Educativa, al considerar que profundiza el ajuste sobre el sistema educativo.
Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, encabezada por Sergio Romero (UDA), pondrá en marcha un plan de lucha que incluirá trabajo a reglamento, clases informativas para explicar a los estudiantes la situación del sistema educativo, semaforazos, volanteadas y una movilización hacia el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Educación como cierre de las protestas.
Los detalles del cronograma serán presentados oficialmente el próximo lunes durante una conferencia de prensa en la sede de la CGT, en la ciudad de Buenos Aires.
Desde los gremios cegetistas explicaron que decidieron no convocar a un paro debido al escenario judicial generado por la normativa que declara a la educación como servicio esencial. Aunque la aplicación de esa disposición fue suspendida de manera cautelar por la Justicia laboral, la apelación presentada por el Gobierno mantiene abierto el debate sobre los límites al derecho de huelga y las posibles sanciones en caso de incumplimiento.
De esta manera, agosto comenzará con un escenario de fuerte conflictividad en el ámbito educativo, con reclamos salariales y laborales que volverán a poner en tensión la relación entre los sindicatos docentes y el Gobierno nacional.
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