El juez federal Luis Armella ordenó este viernes el levantamiento de la clausura de las tres ferias que operan en el complejo La Salada, en Lomas de Zamora, en el marco de una causa por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. La medida incluye a Punta Mogote, Ocean y Urkupiña, pero con una serie de condiciones estrictas vinculadas a la fiscalización y la bancarización de las operaciones.
La resolución judicial, a la que accedió Infobae, delega en la fiscal Cecilia Incardona —a cargo de la investigación— la facultad de establecer la fecha y modalidad de reapertura:
“Deberá la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal determinar la fecha y oportunidad en que se llevará a cabo la apertura comercial de los predios en forma total o parcial”, indica el fallo.
Controles reforzados y condiciones para reabrir
El juez dispuso que intervenga un veedor designado por la Corte Suprema y que todas las transacciones sean bancarizadas. Además, se estableció la presencia permanente de fiscalizadores de ARCA (ex AFIP) y del Ministerio de Trabajo.
La fiscal Incardona había manifestado su acuerdo con la reapertura parcial, particularmente de la feria Urkupiña, siempre y cuando se aplicara un plan de blanqueo integral. Entre las condiciones impuestas se incluyen:
Fiscalización semanal aleatoria del accionar del interventor y/o representantes legales.
Inspecciones sorpresivas y rotativas en los puestos de venta.
Regularización fiscal de todos los comerciantes, con control de facturación de compra y venta.
Remisión semanal de informes al Juzgado y a la Fiscalía sobre inconsistencias detectadas y medidas adoptadas.
El caso La Salada
Las ferias fueron clausuradas el 22 de mayo tras una serie de allanamientos que derivaron en la detención de Jorge Castillo, apodado «el Rey de La Salada», su administrador Aldo Presa y varios colaboradores. En cambio, Enrique Antequera, referente de la feria Urkupiña, permanece prófugo.
Desde entonces, los feriantes llevaron adelante cortes de ruta y protestas frente a la Municipalidad de Lomas de Zamora y la sede de la Fiscalía, lo que generó una fuerte presión política y social para reabrir los predios.
Escuchas, viajes de lujo y operaciones inmobiliarias
La investigación incluyó más de un año de escuchas telefónicas a Castillo y su entorno, que permitieron reconstruir parte de su estilo de vida. Según la acusación, el empresario y su familia realizaron un viaje de lujo a Emiratos Árabes y Maldivas entre diciembre de 2024 y enero de 2025. El paquete turístico habría costado cerca de 85.000 dólares.
En las conversaciones, su esposa, Natalia Luengo —también detenida—, relataba detalles del viaje, el contacto con agencias de turismo, e incluso operaciones inmobiliarias frustradas en Costa Esmeralda.
“Uno dice que es caro, pero ¿qué es caro?”, se escucha decir a Luengo en una de las llamadas grabadas.
Las comunicaciones también revelaron intentos de alquilar propiedades en Luján, la compra de campos y el movimiento de dinero a través de cuentas y domicilios aún bajo investigación. La pareja vivía en el exclusivo barrio cerrado Haras Argentino Farm Club, donde la seguridad reportaba cada ingreso, quedando todo registrado en las intervenciones telefónicas.
