Chiqui Tapie, un dirigente bajo sospecha
La Inspección General de Justicia (IGJ) profundizó el control sobre los balances de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y reiteró un pedido de informes clave sobre el manejo de unos 450 millones de dólares correspondientes al período 2017–2024. El requerimiento apunta a aclarar el destino de fondos cuya trazabilidad no surge con precisión de la documentación presentada por la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión se produce luego de que el Ministerio de Justicia rechazara la recusación planteada por la AFA contra el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, lo que despejó el camino para que el organismo continúe con una auditoría exhaustiva de ocho ejercicios contables consecutivos. Según fuentes oficiales, la respuesta enviada por la dirigencia futbolística en enero fue considerada insuficiente, al no cumplir con los niveles de desagregación exigidos.
Entre los montos bajo análisis figuran aproximadamente 111 millones de dólares correspondientes a la AFA y otros 348 millones vinculados a la Superliga. La IGJ solicitó precisiones sobre pasivos, deudas, inversiones, recupero de actividades comerciales y, en particular, sobre operaciones realizadas a través de la firma TourProdenter LLC, dirigida por el empresario Javier Faroni. De acuerdo con la documentación oficial, dicha empresa percibía el 30% de los fondos recaudados en el exterior en concepto de comisión, un punto que despertó fuertes cuestionamientos.
El organismo requirió información detallada sobre cada contrato, los períodos de sponsorización, el objeto de las operaciones y las cuentas bancarias en las que se acreditaron los fondos, además del respaldo documental correspondiente.
A este escenario se sumó un nuevo foco de conflicto institucional: tanto la IGJ como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) constataron que el domicilio declarado por la AFA como nueva sede legal en Pilar, en la calle Mercedes 1366, no existe físicamente. Inspectores oficiales verificaron que en el lugar señalado solo hay un terreno baldío con un cartel que anuncia, desde hace años, la futura “Sede Social y Museo Campeones del Mundo”.
Vecinos de la zona y autoridades de un polideportivo cercano confirmaron que nunca funcionaron allí oficinas ni dependencias vinculadas a la AFA. Esta irregularidad no solo generó observaciones administrativas, sino que también tuvo impacto judicial, ya que el cambio de domicilio influyó en el traslado de causas sensibles, entre ellas una investigación por la presunta adquisición de una propiedad de lujo en Pilar vinculada a directivos de la entidad.
Desde la defensa de la AFA, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el cambio de sede fue aprobado en asamblea y que la numeración declarada es válida. No obstante, desde el ámbito técnico se remarcó que, en la práctica, la identificación de inmuebles se realiza por nomenclatura catastral, inexistente en ese punto.
Con la recusación formalmente desestimada, la IGJ ratificó que continuará con la revisión de los balances y advirtió que, ante nuevas omisiones o inconsistencias, podría dictar intimaciones adicionales. “El control es legítimo; lo que cuestionamos es un accionar arbitrario”, expresó Dalbón, quien anticipó que la AFA evalúa recurrir a distintas instancias legales.
Mientras tanto, la combinación de cuestionamientos financieros, inconsistencias administrativas y una sede que no pudo ser acreditada refuerza la presión sobre la conducción de Tapia, que permanece bajo la lupa de los organismos de fiscalización y de la Justicia.
