La restitución de los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros modificó el escenario parlamentario.
El oficialismo sostiene que la oposición no reúne los votos para abrir la sesión del 15 de octubre y busca evitar que la discusión del megadecreto complique el tratamiento de otros proyectos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras modificó el escenario político en el Congreso y generó alivio en el Gobierno nacional. En La Libertad Avanza consideran que la oposición tendrá dificultades para reunir el quórum necesario para tratar la derogación del megadecreto, prevista para el próximo 15 de octubre en la Cámara de Diputados.
El fallo del máximo tribunal restableció, de manera cautelar, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros mientras continúa el análisis judicial del caso. La resolución llegó en un momento clave para el oficialismo, que desde la publicación del decreto, en diciembre de 2023, busca sostener una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el presidente Javier Milei.
En la Casa Rosada interpretan que la decisión judicial reduce la presión sobre uno de los puntos más cuestionados del decreto y les da margen para avanzar con negociaciones políticas. La posibilidad de que la oposición consiguiera los apoyos necesarios para rechazar la norma había vuelto a cobrar fuerza después de una resolución judicial anterior que no habilitó el reclamo presentado por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata.
Sin embargo, la presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, basada en el derecho a un ambiente sano, derivó en una nueva intervención judicial. La Corte dispuso una medida cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen el planteo, lo que permitió restablecer provisoriamente los límites establecidos por la Ley de Tierras.
El DNU 70 contiene 366 artículos que introducen modificaciones en distintas áreas de la legislación argentina, con derogaciones y nuevas regulaciones. Para el Gobierno, su eventual rechazo representaría un golpe político y económico de magnitud, dado que constituye una de las bases del programa de reformas de Milei.
Por ese motivo, el oficialismo desplegó una estrategia para separar la discusión sobre la Ley de Tierras del debate general sobre el decreto. La intención es ofrecer una alternativa a los bloques aliados y provinciales que cuestionan algunos de sus artículos, pero que no están dispuestos a acompañar una derogación integral.
Entre las iniciativas que forman parte de esa estrategia se encuentra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla recuperar restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta comenzó a discutirse en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El cambio de postura representa un giro respecto de la intención inicial del Gobierno de avanzar con una desregulación más amplia. La presión política y social en torno a la protección de las tierras rurales llevó al oficialismo a considerar una salida legislativa específica para ese tema.
La alternativa, sin embargo, complicó los planes de los sectores opositores que impulsan la derogación completa del DNU. Algunos bloques que podían acompañar el pedido de sesión ya anticiparon que no aportarán el número necesario para habilitar el debate.
Ante las dificultades para reunir quórum, los diputados que buscan avanzar contra el decreto comenzaron a evaluar la posibilidad de retirar el DNU 70 del temario de la sesión prevista para el 15 de octubre.
El objetivo es evitar que las diferencias sobre el megadecreto impidan tratar otros proyectos, entre ellos las iniciativas vinculadas con Discapacidad y Morosidad. La alternativa permitiría intentar avanzar con esos temas aun cuando no exista un acuerdo suficiente para debatir la derogación de la norma impulsada por el Ejecutivo.
La decisión de la Corte también fue recibida con alivio en el entorno presidencial. Aunque en el oficialismo ya consideraban difícil que la oposición lograra reunir los apoyos necesarios, el conflicto por la Ley de Tierras representaba un obstáculo adicional en un momento en que el Gobierno necesita construir acuerdos parlamentarios para otras iniciativas.
Las PASO y el Presupuesto 2027, en el centro de las negociaciones
Mientras busca sostener el DNU, el Gobierno intenta reunir apoyos para dos de sus principales objetivos legislativos: eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conseguir la aprobación del Presupuesto 2027.
La reforma electoral aparece como uno de los asuntos más complejos. La eliminación de las primarias genera resistencias incluso entre sectores que mantienen acuerdos con La Libertad Avanza, por lo que en el oficialismo no descartan negociar modificaciones al proyecto para acercar posiciones.
Las conversaciones se desarrollan mediante contactos individuales con gobernadores y referentes de los bloques aliados, en lugar de una negociación conjunta con todos los mandatarios provinciales. Diego Santilli tiene a su cargo profundizar esos vínculos, incluidos los contactos con dirigentes del PRO.
El resultado de esas gestiones será determinante para conocer hasta dónde puede avanzar el Gobierno en el Congreso durante las próximas semanas. Por ahora, la resolución sobre la Ley de Tierras modificó el escenario inmediato, pero no despejó las dificultades que enfrenta el oficialismo para reunir mayorías en torno a sus principales iniciativas.
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