Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti,
El máximo tribunal revocó el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto de Javier Milei.
La decisión se fundamentó en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y no implicó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma. Desde el Partido Obrero reclamaron una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
La decisión del máximo tribunal se produjo a partir de una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que la organización no contaba con legitimación suficiente para promover la acción y que, por ese motivo, no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara la intervención de la Justicia.
La resolución tiene como consecuencia que vuelva a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/23 y, con él, la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Esa legislación establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental.
Sin embargo, la Corte aclaró que su decisión no constituyó un pronunciamiento sobre la validez constitucional del artículo 154. El tribunal centró su resolución en la legitimación de la entidad que había iniciado el proceso judicial.
En paralelo, el fallo volvió a poner en el centro del debate político el futuro del DNU 70/2023. El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. De acuerdo con el régimen vigente para los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de una sola Cámara no alcanza para dejarlo sin efecto: también debe ser rechazado por Diputados.
Frente al nuevo escenario judicial, desde el Partido Obrero cuestionaron la decisión de la Corte y plantearon la necesidad de avanzar con el tratamiento legislativo del DNU. El espacio reclamó la convocatoria a una sesión especial de la Cámara de Diputados para buscar su rechazo.
El planteo incluye además críticas al contenido general del decreto, al que el Partido Obrero atribuye modificaciones en distintas áreas de la legislación argentina, entre ellas cuestiones vinculadas con la regulación económica y laboral.
De esta manera, el fallo de la Corte vuelve a abrir la discusión sobre el régimen de tierras rurales y, al mismo tiempo, coloca nuevamente al DNU 70/23 en el centro de la disputa política y parlamentaria.
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