El Gobierno nacional confirmó que vetará los proyectos impulsados por los gobernadores que buscan modificar el régimen de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, pese a que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había sugerido lo contrario.
Una alta fuente de Casa Rosada fue tajante: “No está en duda el veto. Javier [Milei] va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores”. La postura del Ejecutivo apunta a cerrar cualquier posibilidad de avanzar con iniciativas que no surjan de su propio espacio, incluso si cuentan con un amplio respaldo político como en este caso, donde los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño confluyeron en una propuesta común, algo inédito en los últimos años.
Sturzenegger había señalado en una entrevista televisiva que no vetar el proyecto facilitaría futuros cambios en la Ley de Coparticipación Federal mediante una ley simple. Sin embargo, en el oficialismo tomaron distancia de sus declaraciones y aseguraron que fueron “una chicana” hacia las provincias. “Coincidimos en la necesidad de revisar el régimen, pero no bajo presión ni con imposiciones desde fuera del Gobierno”, remarcaron desde Balcarce 50.
La reacción presidencial fue inmediata: Milei compartió publicaciones en redes sociales que cuestionaban duramente el tratamiento del proyecto en el Congreso, al considerarlo un error estratégico de la oposición.
Ambas iniciativas, la referida a los ATN y la del impuesto a los combustibles, deben ahora ser tratadas en Diputados, aunque la conducción del cuerpo, en manos del libertario Martín Menem, recibió instrucciones de dilatar el debate. Aun así, las provincias podrían reunir el apoyo necesario para que se discutan sobre tablas.
La propuesta de los gobernadores
El proyecto propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, que hoy otorga solo un 10,40% a las provincias. Los mandatarios provinciales impulsan elevar esa proporción al 58,36%, disolviendo una serie de fideicomisos nacionales que hoy absorben una parte importante de la recaudación, como los de infraestructura hídrica y de transporte. Los porcentajes destinados al Tesoro Nacional, el sistema previsional y el transporte público se mantendrían sin cambios.
También se impulsa una reforma en el mecanismo de reparto de los ATN, para establecer una distribución automática y diaria entre las 24 jurisdicciones del país, quitando la discrecionalidad actual que mantiene el Poder Ejecutivo. Se mantendrían los porcentajes históricos por provincia, pero se incorporaría una cláusula de compensación especial para la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego.
Según un informe técnico elaborado por las provincias, el impacto fiscal de ambas medidas representaría apenas el 0,11% del Producto Interno Bruto, y aun con ese gasto adicional, se cumpliría con la meta de superávit del 1,6% fijada por el Gobierno para este año, que incluso supera el 1,3% acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Milei y los vetos: más allá de los ATN
La resistencia presidencial no se limita al reclamo de los gobernadores. En el Senado ya se aprobaron otras leyes clave, como el aumento a las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Desde el entorno presidencial aseguraron que también serán vetadas: “Sería inmoral que no lo hiciéramos”, sostienen.
La justificación gira en torno a las prioridades fiscales del oficialismo. “Tenemos más niños pobres que jubilados pobres. Nuestro enfoque, por ahora, es reforzar la inversión en infancia”, explican cerca del Presidente.
El plazo para vetar estas leyes vence el 30 de julio, diez días hábiles después de que el Senado remita formalmente los textos al Ejecutivo.
Señal al mercado y tensión con las provincias
El mensaje del Gobierno apunta a reforzar uno de los pilares de su programa económico: el equilibrio fiscal. “El superávit no se toca”, sentenció una fuente cercana a la mesa económica, en línea con las metas acordadas con el FMI y las expectativas de los mercados internacionales.
Mientras tanto, los gobernadores insisten en que sus propuestas buscan mayor equidad en el reparto de recursos y mayor autonomía financiera para las provincias. Y aunque el escenario parlamentario aún está abierto, el Ejecutivo ya fijó una línea roja: no habrá concesiones que pongan en riesgo el rumbo fiscal trazado por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
