La Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que ordenó enviar a la cárcel a Amado Boudou

Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación con condena firme a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone, podrá seguir detenido en su casa.

Es que la Cámara Federal de Casación Penal, que tenía que resolver si confirmaba o revocaba la decisión para que el ex funcionario volviera a la cárcel, decidió que la causa volviera a manos del juez de ejecución para que se dicte un nuevo fallo sobre su continuidad o no en prisión domiciliaria. Subrayaron que, a esta altura, Boudou ya se encontraría en tiempo para acceder a la libertad condicional.

La resolución fue firmada por unanimidad por los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma. A su criterio, hubo “vicios procesales” que obligan al dictado de una nueva resolución.

El tema pasará a manos, ahora, del juez de ejecución penal que ya no es Daniel Obligado, que en abril pasado habilitó la salida de la cárcel del ex vicepresidente en el inicio de la pandemia con la justificación de que la condena no estaba firme y que debía cuidar a sus hijos pequeños. Luego, el 30 de diciembre, resolvió que debía volver a la cárcel, aunque aclaró que esa orden se materializará cuando el fallo quede “firme”, es decir, cuando ya no hubiera margen de apelaciones.

La definición queda en manos del juez Ricardo Basílico, que sucedió a Obligado en el Tribunal Oral Federal 4, mientras se designa a un juez titular en ese cargo. Al magistrado le tocará revisar la apelación de la defensa sobre la necesidad de que el ex vicepresidente no regrese a la cárcel y con los lineamientos delimitados ahora en Casación.

En el fallo, Ledesma sostuvo que se vulneró el derecho de defensa de Boudou en tanto el tribunal no garantizó una adecuada contradicción entre las partes, privando a la defensa de la oportunidad de contradecir los argumentos expuestos por los Fiscales vinculados con que el nombrado vuelva a ser alojado en un establecimiento penitenciario. Carbajo adhirió al voto de la doctora Ledesma y, al igual que su colega, destacó la importancia de que la decisión se tome luego de llevarse a cabo una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas.

En su voto, Borinsky planteó que al darle la detención domiciliaria a Boudou, el Fiscal General ante Casación, Javier De Luca, desistió del recurso interpuesto por el Fiscal de la instancia previa, lo que implicó que el nombrado continué en su domicilio. También destacó que Boudou se encontraría próximo a cumplir el requisito temporal para la libertad condicional en virtud de que el juez de ejecución redujo en 10 meses los plazos para que el nombrado acceda a los distintos institutos de libertad anticipada (pronunciamiento que se encuentra firme ya que no fue impugnado por ninguna de las partes).

El 1 de febrero pasado, el ex vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner consiguió reducir diez meses el tiempo que deberá pasar encerrado gracias a los cursos y estudios que hizo durante su detención. Uno de los cursos fue el de organizador de eventos. También realizó un taller sobre filosofía, entre otros aprendizajes.

El juez federal Daniel Obligado -apenas horas antes de dejar de subrogar como magistrado de ejecución penal en la causa Ciccone- resolvió el viernes pasado hacer lugar al planteo de la defensa y aplicar el beneficio del “estimulo educativo” previsto en la ley 24660.

Con el reconocimiento de estos diez meses, Boudou ya estaría cumpliendo la mitad de su condena, lo que lo habilita para pedir salidas transitorias. Y así reforzar los argumentos de la defensa para que no vuelva a prisión. Al cumplir los dos tercios, Boudou podrá pedir la libertad condicional. Ese plazo iba a cumplirse en junio de 2022, pero ahora esta resolución también adelanta la cuenta para los dos tercios. La condena, no obstante, quedará definitivamente cumplida el 1 de junio de 2024.

El ex vicepresidente fue sentenciado a 5 años y diez meses de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El día del veredicto quedó detenido. La Justicia entendió que, siendo ministro de Economía, hizo gestiones para favorecer a la firma The Old Fund y que esta pudiera quedarse con la imprenta Ciccone, que estaba al borde de la quiebra