La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la medida judicial que prohibía la reproducción de audios atribuidos a su persona y presuntamente registrados en la Casa Rosada. La funcionaria explicó que las grabaciones no comprometen ni su intimidad ni la seguridad nacional, aunque reiteró que fueron obtenidas de manera ilegal y con fines políticos.
La cautelar había sido concedida por el juez federal Alejandro Maraniello a pedido del equipo legal de Milei, luego de que a principios de septiembre se difundieran fragmentos de esas conversaciones en un canal de streaming. El magistrado aclaró en su momento que se trataba de una resolución provisoria y excepcional, pero la decisión generó fuertes críticas de organismos periodísticos, juristas y dirigentes que denunciaron un caso de censura previa.
En la nueva presentación, la hermana del presidente recordó que ya existe una causa penal en trámite por espionaje ilegal contra funcionarios nacionales. Según el Gobierno, las grabaciones formaban parte de una “operación de inteligencia clandestina” destinada a condicionar al Poder Ejecutivo, instalar desinformación y afectar el clima político en plena campaña electoral.
El vocero Manuel Adorni había calificado el hecho como un “ataque planificado y dirigido”, descartando que se tratara de una simple filtración. En la Casa Rosada, la alarma no pasó por el contenido de los audios, sino por la posibilidad de que existan registros similares de otros ministros, lo que llevó a reuniones de urgencia entre asesores presidenciales y la Procuración del Tesoro.
Desde el Ministerio de Seguridad también se presentó una denuncia penal, advirtiendo que “naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística bajo la apariencia de libertad de prensa”.
La difusión de los audios ocurrió a menos de un mes de las elecciones nacionales, lo que para el oficialismo no fue casual: se enmarca, sostienen, en una estrategia de desestabilización política y económica.
