El juicio por los cuadernos de las coimas continúa avanzando con un ritmo intenso. Este martes, el Tribunal Oral Federal N°7 retomó las audiencias con un capítulo clave: la lectura del expediente sobre la cartelización de la obra pública, conocido como el caso de “La Camarita”, una derivación directa de la causa madre.
Transmitido en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial, el proceso ingresó en su octava jornada centrado en la causa 13816/2018, impulsada originalmente por el fiscal Carlos Stornelli. Allí se reconstruye cómo, según la acusación, altos funcionarios del gobierno kirchnerista y algunos de los principales empresarios de la construcción integraron un circuito de recaudación ilegal que funcionó durante años.
Un engranaje de obra pública, política y negocios
La investigación gira en torno a la Cámara Argentina de Empresas Viales, espacio donde —según los imputados arrepentidos— se coordinaban aportes obligados por parte de las constructoras. Los nombres centrales en esta trama son el financista Ernesto Clarens, el exsecretario de Obra Pública José López, y el empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción.
Los tres reconocieron su participación en el sistema. En sus declaraciones, describieron una operatoria donde semanalmente se recaudaban sumas cercanas a los USD 300.000 para entregárselas a López o a sus emisarios. Según contaron, los porcentajes exigidos variaban entre el 3% y el 20% del valor de las obras, o se aplicaban directamente sobre certificados y anticipos financieros.
CFK, De Vido y más de 60 imputados
En este tramo del expediente, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta 175 hechos atribuidos de cobro de coimas. También están acusados Julio De Vido y empresarios como Ángelo Calcaterra —primo de Mauricio Macri—, Aldo Roggio y Gerardo Cartellone. En total, son 63 los imputados en esta derivación.
Algunos de estos empresarios se presentaron como víctimas de extorsiones, pero para la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) —que también expone sus acusaciones en estas audiencias— esa explicación no alcanza. “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”, sostuvo semanas atrás el titular del organismo, Paul Starc.
Las confesiones que marcaron un quiebre
El testimonio de Clarens es uno de los más contundentes. Allí afirmó que el esquema se puso en marcha en 2005 y que fue convocado por Wagner para administrar la recaudación. Su rol, dijo, era recibir el dinero y garantizar que llegara a López.
El exsecretario de Obra Pública, por su parte, detalló cómo se aplicaban los porcentajes de retorno: un 5% sobre los anticipos financieros o un 3% cuando la obra no contaba con ese mecanismo. Wagner, por su parte, definió la obra pública como una herramienta para obtener fondos para “gastos políticos”.
El expediente también recuerda el rol del fallecido empresario Juan Chediack, quien declaró como arrepentido antes de morir en un accidente aéreo en 2023.
La primera mención a Calcaterra en esta audiencia
En la lectura de hoy, el primer empresario mencionado fue Ángelo Calcaterra. Su confesión de agosto de 2018 marcó un antes y un después en la causa: admitió haber entregado dinero para CFK, De Vido y López a través de Clarens. Esas entregas, registradas en cuatro pagos, alcanzaron los $3,8 millones de aquel entonces.
Desde la audiencia pasada, los secretarios letrados del Tribunal avanzan en la lectura de miles de páginas: el pedido de elevación a juicio, la acusación de fiscalía, la de la UIF y ahora la del expediente de “La Camarita”. La jornada comenzó a las 13:52 con la secretaria Rocío Ribelli, quien repasó cómo se formó la causa en 2018 y qué pruebas la sostienen.
El juicio, uno de los más grandes y complejos en la historia reciente de la Justicia federal, promete extenderse por meses. En esta etapa, cada audiencia abre una nueva capa de una trama donde hablaron empresarios, funcionarios y arrepentidos, todos coincidiendo en un mismo punto: la existencia de un sistema de recaudación ilegal incrustado en las estructuras del Estado.
