El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto que actualiza de manera integral el Código Penal y modifica de forma drástica el régimen punitivo vigente desde 1921. La iniciativa eleva penas, incorpora delitos modernos y establece criterios más estrictos para garantizar que las condenas se cumplan efectivamente. La exministra de Seguridad Patricia Bullrich definió el espíritu del texto con una premisa: “el que la hace, la paga”.
El proyecto endurece sanciones para homicidios, violencia de género, corrupción, narcotráfico, abuso sexual y delitos viales, y amplía los supuestos de prisión efectiva. Además, introduce figuras como el ecocidio, crea un capítulo completo sobre crímenes electorales y actualiza la normativa sobre cibercriminalidad y terrorismo.
Prisión perpetua sin límite temporal y delitos imprescriptibles
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del tope temporal de la prisión perpetua: las condenas por homicidio agravado serán de cumplimiento vitalicio.
También quedarán imprescriptibles delitos como homicidio simple y agravado, abuso sexual, explotación infantil, trata, grooming, terrorismo y narcotráfico, entre otros, criterio que el Gobierno considera una reparación frente a la gravedad de estas conductas.
El Ministerio de Justicia destacó que, al elevar los mínimos de pena, se evitará que condenados por delitos graves permanezcan en libertad, ya que actualmente las sanciones menores a tres años suelen ser de ejecución condicional.
Los 22 cambios clave del proyecto
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos
Se crean tipos penales específicos para castigar peleas, disturbios y agresiones en estadios, recitales y eventos multitudinarios. Las penas serán más duras tanto para participantes como para organizadores.
- Narcotráfico
Se amplían las figuras vinculadas al cultivo, producción, transporte y comercialización de drogas, con agravantes cuando participen funcionarios públicos o menores.
- Decomiso y extinción de dominio
Se fortalecen los mecanismos para que bienes obtenidos ilícitamente pasen de manera definitiva al Estado.
- Protección del patrimonio cultural
Se penaliza más severamente el tráfico, destrucción u ocultamiento de bienes arqueológicos, artísticos e históricos.
- Compra y venta de niños
Se endurecen sanciones y se amplían los agravantes para combatir redes de adopciones irregulares y explotación infantil.
- Delitos contra la familia
Se actualizan figuras relacionadas con violencia intrafamiliar, abandono, incumplimiento de deberes y otras formas de vulneración.
- Tragedias viales
La conducción temeraria, el alcohol al volante, las carreras clandestinas y los siniestros con víctimas fatales tendrán penas mucho más altas.
- Medio ambiente y ecocidio
Se incorpora el delito de ecocidio, junto con sanciones mayores por daños graves a ecosistemas, áreas protegidas y la salud pública.
- Agravantes por víctimas vulnerables
Aumentan las penas cuando los delitos se cometen contra menores, adultos mayores, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.
- Imprescriptibilidad de delitos graves
Se amplía el listado a homicidios, delitos sexuales, explotación infantil, trata, terrorismo y narcotráfico.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo
Se mantiene vigente la Ley 27.610 y sus garantías hasta la semana 14.
- Violencia de género
Se incorporan nuevas figuras: violencia digital, ciberacoso y difusión no consentida de imágenes íntimas. Se endurecen penas en todos los tipos de violencia de género.
Nuevos delitos que ingresan al Código Penal
- Cibercrimen
Fraudes informáticos, hackeos, robo de identidad digital, grooming y “pornovenganza” quedan expresamente tipificados.
- Motochorros
Se definen conductas delictivas cometidas mediante motovehículos con agravantes por el riesgo que implican.
- Criminalidad ambiental
Además del ecocidio, se suman figuras por contaminación agravada y daños irreversibles a la biodiversidad.
- Delitos de corrupción
Se endurecen escalas penales para cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles. Los funcionarios tendrán penas más altas por su posición de responsabilidad pública.
- Lavado de activos
Se incorporan herramientas para mejorar la cooperación internacional, recuperar bienes y evitar el blanqueo de fondos.
- Terrorismo
Se actualiza la legislación conforme a estándares de la ONU y el GAFI. Incluye ataques a infraestructuras críticas y sistemas digitales.
- Financiamiento del terrorismo
Se amplía la definición, incorporando cualquier aporte económico destinado a actividades terroristas, con mecanismos de congelamiento preventivo de bienes.
- Crimen organizado transnacional
Se fortalecen figuras relacionadas con trata, tráfico de migrantes, contrabando, armas y corrupción sistémica, con herramientas de decomiso extendido.
- Delitos económicos y estabilidad fiscal
Se incorpora la protección de la estabilidad monetaria y fiscal: evasión organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria y maniobras especulativas.
- Capítulo sobre el orden electoral
El proyecto crea un bloque normativo para proteger la transparencia electoral. Incluye delitos por manipulación de datos, algoritmos, imágenes o audios con fines de desinformación, y prácticas que alteren o condicionen el voto.
