Homenaje de AMIA y DAIA a Alberto Nisman a once años de su asesinato: reclamos de justicia

DAIA, Nisman

La DAIA organizó una disertación de Sandra Arroyo Salgado, a 11 años del asesinato de su ex esposo y padre de sus hijas, Alberto Nisman

A once años de la muerte del fiscal Alberto Nisman —considerada por la Justicia argentina como un asesinato vinculado a su labor en la causa AMIA—, la AMIA y la DAIA realizaron en la sede de Pasteur 633 un homenaje que reunió a dirigentes comunitarios, representantes del Poder Judicial, diplomáticos y familiares. La jornada combinó un acto central en la plaza seca y un panel de análisis sobre el estado de las causas judiciales relacionadas con el terrorismo en la Argentina.

En primera fila estuvieron la madre del fiscal, Sara Garfunkel, su ex esposa y jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, así como el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el embajador del Estado de Israel, Eyal Sela; fiscales, camaristas y autoridades institucionales. A diferencia de años anteriores, no hubo presencia de funcionarios del gobierno nacional.

Los fiscales Kleiman y Rívolo, el presidente honorario de AMIA, Jorge Kirszenbaum, y el camarista Gustavo Hornos

Un legado que “no pudieron silenciar”

Durante el acto central, Arroyo Salgado tomó la palabra y afirmó que el asesinato de Nisman buscó infundir temor y acallar una investigación considerada incómoda, pero que ese objetivo fracasó. “Quisieron enterrar su voz y su trabajo, pero no lo lograron”, señaló. La magistrada sostuvo que la sociedad expresó su posición a través de mecanismos democráticos y que la Argentina se alineó en los últimos años con países que combaten el terrorismo y defienden la libertad y la democracia.

La jueza mencionó una “trilogía” de hechos que marcaron la historia reciente vinculada al terrorismo en el país: el atentado contra la AMIA, la denuncia de Nisman por encubrimiento en el Memorándum con Irán y su propio asesinato. Según indicó, los tres procesos registraron avances judiciales en los últimos años, incluyendo la posibilidad de juzgamiento testimonial de ciudadanos iraníes, la próxima definición de fecha para el juicio oral por encubrimiento y la confirmación judicial de que la muerte del fiscal fue un homicidio relacionado con su labor.

“No hay democracia sin verdad ni paz sin justicia”

Por su parte, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, destacó el compromiso institucional para mantener vivo el legado del fiscal y remarcó la gravedad institucional del crimen. “Para la Justicia argentina, el asesinato de Nisman estuvo directamente vinculado a su trabajo en la causa AMIA. Ese dato obliga al Estado y no puede naturalizarse”, afirmó. Señaló además que aceptar la impunidad en los delitos más graves —entre ellos el atentado a la AMIA de 1994 y el ataque a la Embajada de Israel en 1992— agudiza el daño y priva a las víctimas de reparación.

Armoza sostuvo que el reclamo de justicia excede a las instituciones de la comunidad judía y constituye un imperativo democrático para toda la sociedad. “No hay democracia sólida sin verdad, ni paz posible sin justicia”, concluyó.

Panel de la DAIA y balance judicial

Previo al acto central, la DAIA organizó un panel en el mismo edificio, donde Arroyo Salgado analizó las irregularidades iniciales de la investigación y el contexto político de la denuncia que Nisman había presentado contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum con Irán.

En el encuentro participaron el fiscal Hernán Kleiman, autoridades de la DAIA, camaristas y fiscales. Allí se repasaron avances en las causas relacionadas con terrorismo, antisemitismo y el encubrimiento del atentado a la AMIA, así como la causa por el homicidio del fiscal. Según expuso Arroyo Salgado, los cambios políticos de los últimos años permitieron destrabar procesos que estaban estancados. “Está cerca de poder decirse, respecto del trabajo del fiscal Nisman: tarea cumplida”, afirmó.

La jornada concluyó sin movilizaciones ni consignas partidarias, aunque con un eje común: la necesidad de que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes relacionados al terrorismo y la impunidad en la Argentina.

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