Gustavo Martínez cuestionó la prórroga de una concesión y denunció presión sobre comerciantes

El presidente del bloque de concejales de La Libertad Avanza en San Salvador de Jujuy, Gustavo Martínez, expresó su rechazo a la posible extensión de la concesión del servicio de cobro del canon de publicidad y propaganda a una empresa privada, al considerar que el sistema perjudica directamente a los comerciantes de la ciudad.

Según explicó el edil, gran parte de la comunidad desconoce que las tareas de detección, verificación y liquidación de este canon están tercerizadas desde 2016 en una firma con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, cuestionó que se analice una nueva prórroga por tres años más.

“Hace una década que esta empresa viene ejerciendo una presión que consideramos perjudicial para el sector comercial, y ahora se pretende extender nuevamente su contrato”, señaló.

Martínez indicó que la problemática fue abordada recientemente en la Comisión de Desarrollo Local del Concejo Deliberante, donde representantes de la Cámara de Comercio expusieron su preocupación por el impacto del canon sobre la actividad.

El concejal explicó que uno de los principales conflictos se genera con la exhibición de material promocional dentro de los locales, como banners, cartelería o pantallas de marcas proveedoras.

“Cuando un comercio exhibe la marca de un proveedor dentro de su local, el municipio —a través de la empresa concesionaria— reclama el pago del canon por publicidad. Esa deuda luego suele ser trasladada al comerciante, generando un perjuicio económico que muchas veces condiciona la relación comercial”, detalló.

En ese sentido, advirtió que esta dinámica termina afectando al comerciante, a quien definió como “el eslabón más débil de la cadena”, y aseguró que en algunos casos obligó a negocios a retirar material audiovisual o promocional para evitar nuevas cargas económicas.

Finalmente, Martínez cuestionó la intención de extender la concesión a SEMCOR S.A. y sostuvo que el esquema actual incrementa la presión fiscal sobre el sector privado.

“Los jujeños terminamos sosteniendo a una empresa que cobra en nombre del municipio bajo criterios que consideramos injustos, afectando seriamente a quienes generan empleo y movimiento económico en nuestra ciudad”, concluyó.