Jaldo, el ministro Santilil y el salteño Gustavo Sáenz y el catamarqueño Raúl Jalil
El Gobierno nacional comenzó a evaluar las consecuencias políticas de la derrota que sufrió en el Senado, donde debió retirar el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilitaba cambios en el régimen de venta de tierras a extranjeros. Si bien en la Casa Rosada sostienen que el episodio no afectó la relación con los gobernadores, reconocen que el resultado representa una advertencia de cara a futuras negociaciones legislativas.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el oficialismo había detectado dificultades para reunir los votos necesarios en la Cámara alta, aunque confiaba en revertir la situación mediante negociaciones de último momento. Sin embargo, el respaldo de varios mandatarios provinciales se desmoronó rápidamente, obligando al Gobierno a resignar el apartado más controvertido del proyecto.
En el entorno del presidente Javier Milei consideran que la derrota responde a un caso puntual y no necesariamente anticipa un cambio en la relación con las provincias. No obstante, admiten que el episodio puede debilitar la capacidad de negociación del Ejecutivo frente a gobernadores y bloques legislativos.
El oficialismo entiende que el escenario político cambió respecto de los primeros meses del año, cuando logró avanzar con iniciativas de peso como la Ley de Modernización Laboral. Con el calendario electoral en marcha, los gobernadores enfrentan mayores costos políticos para acompañar proyectos impulsados por la Nación, especialmente aquellos que generan controversia.
Dentro del Gobierno también existe preocupación por el impacto que esta señal pueda tener sobre futuras discusiones, como la Reforma Política y la posibilidad de suspender las PASO. En la Casa Rosada temen que una percepción de debilidad fortalezca la posición negociadora de las provincias en próximos debates parlamentarios.
Entre los mandatarios que expresaron públicamente su oposición al capítulo referido a las tierras se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Todos trasladaron esa postura a los senadores de sus provincias y pidieron votar en contra de cualquier modificación que facilitara la venta de tierras rurales a extranjeros.
La posición de estos gobernadores fue acompañada por distintos legisladores nacionales. Entre ellos se manifestaron en contra Alejandra Vigo (Córdoba), Flavio Fama (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), entre otros. La suma de esos rechazos dejó al oficialismo sin los apoyos necesarios y derivó en la eliminación del capítulo sobre tierras antes de la votación definitiva.
Aunque el Gobierno intenta minimizar el impacto político del revés, el episodio dejó expuestas las dificultades para construir mayorías legislativas en temas sensibles y abre interrogantes sobre el futuro de otras reformas que el Ejecutivo considera prioritarias.
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