La defensa de Fabiola Yañez apeló la recusación del juez federal Julián Ercolini en la causa en la que denunció por violencia de género a su expareja, el expresidente Alberto Fernández. Con esta decisión, el expediente podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y demorar de manera indefinida su elevación a juicio oral.
El recurso extraordinario fue presentado este martes por el abogado Mauricio D’Alessandro, representante de la ex primera dama, justo antes del vencimiento del plazo para que quedara firme la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que a comienzos de octubre había apartado a Ercolini del caso a pedido de la defensa del exmandatario.
Fernández había sostenido que existía una falta de imparcialidad por parte del magistrado, argumentando una supuesta relación previa de amistad y posterior enemistad entre ambos, con vínculos personales, académicos y políticos.
El nuevo planteo de Yañez busca revertir esa decisión y sostener la continuidad de Ercolini en la investigación. Hasta que la Cámara resuelva si concede el recurso para que la causa sea revisada por la Corte Suprema, el expediente permanecerá paralizado.
Una causa que podría volver a empezar
Tras la recusación de Ercolini, la investigación había pasado por sorteo al Juzgado Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, aunque su intervención quedó suspendida mientras se define si el primer juez debe ser restituido.
La defensa de Fernández, por su parte, pidió la nulidad total de la causa y reclamó que todo el proceso se reinicie, alegando que se desarrolló con un juez parcial. No obstante, en su resolución, la Cámara de Casación aclaró que el reemplazo del magistrado debía realizarse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
En tanto, Rafecas deberá resolver el planteo de nulidad una vez que quede firme la competencia de su juzgado, aunque su decisión también podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Los argumentos de las partes
La querella que representa a Yañez cuestionó los fundamentos de la recusación presentada por Fernández. En su escrito, los abogados advirtieron que es “dudoso” que el expresidente haya tenido alguna injerencia en el nombramiento de Ercolini como juez federal, tal como afirmó.
“Más que un hecho cierto, parece una jactancia del imputado destinada a demorar la investigación y apartar al juez natural de la causa”, argumentaron. Y añadieron: “Creyó que esa supuesta influencia le daba derecho a manipular las decisiones judiciales. Cuando Ercolini falló conforme a la ley, lo consideró su enemigo”.
El pedido de apartamiento también se basó en un antecedente político: durante su gobierno, Fernández instruyó al Ministerio de Justicia a presentar una denuncia penal contra Ercolini por el viaje de jueces y funcionarios a Lago Escondido.
El estado actual del proceso
El ex presidente está procesado por amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y el contexto de violencia de género. El fiscal federal Ramiro González concluyó la etapa de instrucción y pidió la elevación a juicio oral y público, pero la apelación interpuesta ahora posterga ese avance.
En paralelo, Yañez realizó cambios en su equipo legal. En el fuero civil y en el ámbito penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, designó como nuevas representantes a Marcela de Leonardis y María Eugenia Sosa, mientras que en la causa que tramita en Comodoro Py seguirán actuando D’Alessandro y Mariana Gallego.
El extenso descargo de Fernández
Alberto Fernández presentó un escrito de 187 páginas ante el Juzgado Federal N°3, en el que reiteró su reclamo de nulidad de todo lo actuado y sostuvo que el proceso estuvo “plagado de arbitrariedades”.
“Todo el proceso estuvo atravesado por una animadversión en mi contra que impidió mi derecho al debido proceso propio de un Estado de derecho”, afirmó el exmandatario. En el texto, incluso comparó su situación con la del protagonista de El proceso, la novela de Franz Kafka:
“Ahora me toca a mí. Al igual que en la novela, soy otro ‘K.’ que soporta cargos por hechos que jamás cometí y cuyo derecho a defenderse ha sido sistemáticamente negado”, escribió.
La causa, que ya lleva más de un año de trámite, vuelve así a un punto de incertidumbre. El futuro del expediente dependerá ahora de lo que resuelvan la Cámara de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia.
