En una sesión marcada por un amplio consenso opositor, el Senado dejó sin efecto el veto presidencial y restituyó la vigencia de la ley que declara la emergencia en discapacidad. La medida obtuvo 63 votos afirmativos contra solo siete negativos, superando con holgura los dos tercios necesarios
Se trata del primer veto desactivado en más de dos décadas. La norma, ahora en vigor, regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla una prórroga por un año más. Entre sus puntos centrales, establece la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas, además de medidas específicas para garantizar la cobertura de prestaciones.
La sesión fue presidida por el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis), en reemplazo de Victoria Villarruel, quien ejerce temporalmente el Ejecutivo por el viaje de Javier Milei al exterior.
Durante el debate, el peronista pampeano Pablo Bensusán cuestionó el veto:
“El Presidente vetó que las personas con discapacidad accedan a una pensión equivalente al 70% de la mínima y rechazó un aumento razonable en las prestaciones. Ese ‘gasto’ es, en realidad, la diferencia entre tener terapias o quedar en el olvido”, señaló.
Desde la oposición, distintas voces coincidieron en señalar la necesidad de la intervención estatal. Guadalupe Tagliaferri (PRO) advirtió:
“La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. El Estado debe estar presente para eliminar las barreras en salud, infraestructura y educación”.
El santacruceño José María Carambia fue más enfático:
“Esperemos que el Presidente aplique la ley como corresponde y no busque artilugios legales. Si no lo hace, seré el primero en impulsar un juicio político”.
El debate también dejó momentos de tensión. El formoseño Francisco Paoltroni defendió la posición oficialista con críticas a gobiernos anteriores, lo que derivó en un cruce con su comprovinciano José Mayans, jefe del bloque kirchnerista, que lo trató de “ignorante” y “hijo de Milei”.
Finalmente, la votación confirmó el rechazo al veto con 63 votos positivos, cuando se necesitaban 47. Se ausentaron la oficialista Vilma Bedia y el kirchnerista José Rodas.
Con este resultado, la oposición no solo reinstaló la ley, sino que también envió una señal política: la intención de poner límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Gobierno libertario.
