, con la mirada puesta en el mercadoLas iniciativas ya obtuvieron media sanción en Diputados y el Gobierno busca cerrar el año legislativo con dos leyes clave. Hay artículos que generan resistencias y anticipan una votación ajustada.
El Senado de la Nación celebrará este viernes una sesión decisiva para el cierre del año parlamentario, con el tratamiento del Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos centrales para la agenda del Gobierno de Javier Milei y seguidos de cerca por el mercado financiero. Ambas iniciativas ya cuentan con el aval de la Cámara de Diputados, aunque su aprobación definitiva no está exenta de tensiones.
La sesión fue convocada para las 12 del mediodía, en el marco del período extraordinario habilitado por el Ejecutivo hasta el próximo 30 de diciembre. El foco principal estará puesto en el Presupuesto, donde la discusión artículo por artículo podría exponer fisuras en los acuerdos alcanzados hasta ahora con sectores de la oposición dialoguista.
Antes de ingresar al debate de fondo, el recinto atravesará dos momentos que prometen captar atención. Por un lado, el juramento del rionegrino Enzo Fullone, quien asumirá su banca en reemplazo de Lorena Villaverde, impedida de hacerlo por antecedentes judiciales. Por otro, se esperan fuertes cuestionamientos del recientemente rebautizado interbloque kirchnerista “Popular” por el reparto de comisiones acordado entre el oficialismo y bloques aliados.
Superadas esas instancias —y no se descartan homenajes o cuestiones de privilegio— el Senado avanzará sobre los proyectos. El Presupuesto 2026 establece un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual estimada en 10,1% y un tipo de cambio que alcanzaría los $1.423 hacia diciembre del próximo año. Además, el Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%, con exportaciones que crecerían un 10,6%.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. La medida despertó críticas de gobernadores y legisladores del interior del país, que advierten sobre el impacto en las provincias.
También genera resistencia el artículo 12, que obliga a las universidades nacionales a remitir información detallada al Ministerio de Capital Humano sobre la asignación y ejecución de fondos. El texto habilita a la cartera educativa a interrumpir transferencias en caso de incumplimientos, una cláusula que fue cuestionada por sectores académicos y legisladores opositores.
En términos numéricos, el oficialismo parte de una base estimada de 44 votos favorables: 21 de La Libertad Avanza —incluido Fullone—, 10 de la UCR, tres del PRO y un conjunto de representantes provinciales. Sin embargo, no todos garantizan su acompañamiento pleno, lo que obliga al Gobierno a afinar la estrategia, especialmente en las votaciones en particular. A esto se suma el eventual respaldo de algunos senadores peronistas alineados con sus gobernadores.
En ese escenario, la ministra de Seguridad y figura clave del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, deberá monitorear de cerca cada movimiento. Para el Ejecutivo, la sesión representa una prueba de gobernabilidad: el objetivo es mostrar control del Congreso y enviar una señal de previsibilidad al mercado, aun cuando la reforma laboral quedó postergada, al menos, hasta febrero o marzo de 2026.
Lo que se definirá este viernes excede el contenido de las leyes. En juego está el clima político de cara al próximo año, entre la posibilidad de cerrar el 2025 con normas sancionadas o profundizar un escenario de confrontación que atraviesa a oficialismo, oposición, gobernadores y actores clave del poder económico.
