El Gobierno trata de recomponer el vínculo con el PRO en el Congreso

Diego Santilli

Luego del fuerte cortocircuito generado por la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), el Gobierno nacional intenta reencauzar la relación política con el PRO, un aliado clave para la aprobación de reformas centrales en el Congreso.

Con la firma de su presidente, Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar los nombramientos aprobados por la Cámara baja durante la madrugada del 18 de diciembre. Desde el macrismo sostienen que el procedimiento fue “abiertamente inconstitucional” y denuncian una maniobra política que los dejó fuera de un acuerdo previo.

La controversia se originó tras la sanción de la resolución 7018-D-2025, que designó como auditores a Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), el kirchnerista Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti, dirigente cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz. En el PRO esperaban que uno de los lugares fuera ocupado por Jorge Triaca, pero el acuerdo final —según interpretan— se cerró entre el oficialismo, Fuerza Patria y gobernadores del norte.

Santilli baja el tono y apuesta al diálogo

En medio de ese escenario, Diego Santilli, referente histórico del PRO y actual ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, intentó descomprimir la tensión y ratificó la voluntad de seguir trabajando en conjunto.

“Venimos de dos años de acompañar a La Libertad Avanza sin corrernos nunca. Ese sigue siendo el camino”, afirmó Santilli en una entrevista radial, al tiempo que destacó el respaldo “coherente y consecuente” del bloque macrista al oficialismo.

Sobre la judicialización del conflicto, el ministro aclaró que la designación de los auditores “es una potestad del Congreso” y que ahora será la Justicia la que deberá definir si existieron irregularidades en el procedimiento.

El trasfondo político del conflicto

Desde el PRO argumentan que la votación se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Además, cuestionan la forma en que se desarrolló la sesión: cerca de las tres de la madrugada, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin la publicidad necesaria.

El malestar interno fue profundo. En el partido de Mauricio Macri aseguran haberse sentido traicionados por aliados parlamentarios en la primera sesión tras la renovación del Congreso, luego de las elecciones nacionales de octubre.

Presupuesto, reformas y gobernabilidad

Más allá del conflicto puntual, Santilli defendió las prioridades del Gobierno: el equilibrio fiscal, la aprobación del Presupuesto y el avance de reformas estructurales. Remarcó que Argentina lleva tres años sin presupuesto aprobado y subrayó que ese instrumento es clave para consolidar la baja de la inflación y el crecimiento económico.

También se refirió a la reforma laboral, cuya discusión se postergó en el Senado. Explicó que la demora respondió a la gran cantidad de pedidos de audiencias y a la decisión de trabajar el tema en comisión durante enero, con el objetivo de llegar al recinto en febrero. “Más del 50% de los trabajadores son informales y no tienen derechos. La reforma apunta a incluirlos, no a quitar derechos”, enfatizó.

Por último, Santilli cuestionó la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof respecto al Pacto de Mayo y aseguró que fue él quien decidió no participar. “El Presidente invita a quienes compartan una visión de desarrollo y reducción de impuestos. La coherencia ha sido total”, concluyó.

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