A casi una década de la detención de Milagro Sala, el Gobierno nacional solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se ponga fin al régimen de prisión domiciliaria que cumple la dirigente social desde 2017 y que pase a cumplir su condena en una cárcel común.
El planteo fue presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que argumentó que la modalidad actual constituye un beneficio “injustificado” frente a la gravedad de los delitos por los que Sala fue condenada. La exlegisladora jujeña y líder de la organización barrial Túpac Amaru recibió una pena de 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, además de inhabilitación absoluta, condena que cuenta con sentencia firme.
En la presentación, el Estado argentino rechazó los planteos de “hostigamiento judicial” formulados por la defensa de Sala y sostuvo que el país cumple plenamente con las obligaciones internacionales asumidas. Según el escrito oficial, la medida dispuesta por la CIDH —que permitió el arresto domiciliario— terminó funcionando como un privilegio que no se corresponde con la situación procesal y penal de la dirigente.
El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, remarcó que las medidas de control implementadas sobre Sala no constituyen persecución, sino mecanismos de supervisión habituales. En ese sentido, la documentación remitida al organismo internacional incluye registros que indicarían presuntas violaciones a las condiciones del arresto domiciliario, como el cambio de domicilio sin autorización judicial, lo que activó alertas en el sistema de monitoreo electrónico.
Desde la cartera nacional señalaron que presentar estos controles como actos de hostigamiento busca “instalar un relato” con el objetivo de mantener un beneficio que consideran improcedente. “La República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, pero esta medida se transformó en un beneficio que mantiene en su hogar a una persona con condena firme”, indicaron desde el Ministerio.
Sala cumplió en enero pasado dos tercios de su condena, al completar 10 de los 15 años impuestos por la Justicia de Jujuy, fallo que fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En función de lo establecido por el Código Penal, la dirigente se encuentra en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Actualmente, Milagro Sala permanece internada en el Hospital de Gonnet, en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, su defensa volvió a denunciar irregularidades en el trato judicial. La abogada Alejandra Cejas aseguró que durante la internación se produjeron intervenciones que calificó como desproporcionadas, incluyendo intentos de tomarle declaración en el hospital y la intención de realizar audiencias virtuales bajo condiciones que consideró inadmisibles.
De acuerdo con la última resolución judicial, la libertad condicional puede solicitarse desde el 16 de enero de 2026. En tanto, la libertad asistida recién podría evaluarse en 2030, mientras que la condena vencerá el 16 de enero de 2031.
