La empresa de Paolo Rocca evalúa denunciar competencia desleal tras perder un negocio millonario frente a un proveedor indio. Javier Milei defendió la apertura y descartó revisar el contrato. Crónica de un choque inesperado.
Lo que comenzó como una licitación técnica terminó derivando en un conflicto político y empresarial de alto voltaje. Desde Mar del Plata, donde encabezaba actividades oficiales y un acto partidario, el presidente Javier Milei se involucró de lleno en la disputa entre el Gobierno y el Grupo Techint por la adjudicación de un contrato clave para la construcción de un gasoducto en Vaca Muerta, un cruce que expuso tensiones de fondo sobre la apertura de importaciones y el rol de la industria nacional.
El conflicto estalló el lunes pasado, cuando trascendió que la empresa controlada por Paolo Rocca analizaba presentar una denuncia por competencia desleal tras haber perdido una licitación millonaria frente a la firma india Welspun. El proceso había sido impulsado a nivel internacional para la compra de 480 kilómetros de tubos destinados a transportar gas desde Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro.
En total se presentaron 15 ofertas de empresas de la Argentina y del exterior —entre ellas de España, China, India, Colombia, México, Japón, Grecia y Turquía—, pero finalmente el contrato fue adjudicado a Welspun, que ofertó USD 203 millones, con mayor flexibilidad en las condiciones de pago y garantías. La propuesta resultó cerca de un 40% más barata que la presentada por Tenaris, la filial de Techint.
La diferencia fue significativa: la compañía de Rocca había presupuestado alrededor de USD 90 millones más. Desde el grupo empresario sostuvieron que se trató de un caso de dumping, al argumentar que Welspun fabrica sus tubos con chapa proveniente de China, lo que le permitiría ofrecer precios artificialmente bajos.
La respuesta del Gobierno fue tajante. Ante la posibilidad de una presentación ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), una fuente cercana al Presidente resumió la postura oficial: “No vamos a pagar más caros los caños”. En la Casa Rosada descartan revisar el resultado de la licitación y aseguran que cualquier denuncia será evaluada por los canales institucionales correspondientes.
En este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) optó por un perfil bajo y evitó pronunciamientos públicos. Sin embargo, fuentes de la entidad señalaron que se trata de “un conflicto entre privados”, dado que la obra es ejecutada por el consorcio energético Southern Energy, aunque advirtieron sobre la necesidad de resolver la situación con rapidez.
“Es una obra estratégica para Vaca Muerta, para la competitividad energética del país y para miles de empleos. No puede ponerse en riesgo por discusiones públicas que no aportan soluciones”, indicaron desde la UIA. También destacaron que el sector industrial argentino arrastra “distorsiones acumuladas durante décadas”, vinculadas a la presión tributaria, los costos logísticos, la infraestructura deficiente y las rigideces laborales.
En esa línea, la entidad salió en defensa de Rocca, a quien definió como “un empresario argentino de trayectoria global y prestigio internacional”, y subrayó que el objetivo debe ser proteger la inversión, avanzar con la obra y cumplir las metas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Mientras tanto, el debate escaló al plano político. Milei respondió desde sus redes sociales con un mensaje cargado de ironía y acusaciones hacia sectores empresariales, periodistas y economistas críticos de la apertura comercial. Un día antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido a defender el proceso licitatorio.
“El proveedor local ofreció los caños 40% más caros”, explicó el funcionario, y advirtió que aceptar esa propuesta para privilegiar la producción nacional habría implicado mayores costos para el proyecto, menor rentabilidad, menos inversiones y un impacto negativo sobre el precio de la energía para empresas y consumidores.
Sturzenegger también rechazó el pedido de Techint de contar con un derecho de igualación de ofertas, al considerar que esa herramienta distorsionaría futuras licitaciones y desalentaría la competencia. “No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país”, afirmó, y sostuvo que la competitividad requiere eliminar ineficiencias y sobrecostos estructurales.
Por ahora, el Gobierno no prevé modificaciones en el contrato adjudicado a Welspun. Más allá de los cuestionamientos públicos y del cruce con Paolo Rocca, en el oficialismo esperan una eventual presentación formal ante la CNCE para definir los próximos pasos. Hasta entonces, el conflicto sigue abierto y con final incierto.
