El Gobierno cerró una empresa ferroviaria y despidió a 1.388 empleados

El Gobierno Nacional disolvió Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal, y despidió a 1.388 empleados. Según fuentes oficiales, la medida implicará un ahorro de $42.000 millones anuales.

Se trataba de una de las cinco empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos, que sucedió a la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios. Su función era “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria».

Entre sus unidades estaban el Archivo Histórico Documental Ferroviario, el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria y el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”.

“Era una empresa ferroviaria cuyas funciones se duplicaban en otras empresas del sector, lo que justificó su cierre”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, durante una conferencia de prensa. «Esto representa una reducción de 1.388 puestos de trabajo que el Estado no deberá sostener», agregó.

La disolución fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Nº 35/2024, firmada por la Secretaría de Transporte, con el objetivo de optimizar el uso de recursos y contribuir al equilibrio fiscal.

Entre 2019 y 2023, DECAHF habría realizado obras públicas y contratado artistas populares, funciones ajenas a su mandato original, generando un gasto de 10 millones de dólares y 80 millones de pesos, respectivamente. «No podemos permitir gastos superfluos en un país con un 53% de pobreza», concluyó el comunicado oficial.

Los empleados restantes con funciones específicas serán absorbidos por otras empresas, aunque la mayoría no tenía contratos, lo que facilitó los despidos. Además, se eliminó el Instituto Argentino del Transporte, un ente creado en 2014 que, según el Gobierno, «nunca funcionó ni emitió una acción», y cuyas funciones se superponían con otras áreas de la administración pública.