El oficialismo avanza en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil y confía en obtener dictamen y media sanción en el recinto durante la próxima semana. El eje central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la incorporación de un apartado presupuestario para garantizar su aplicación en las provincias.
Durante un encuentro encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se definió el cronograma legislativo para activar el trabajo en las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, Legislación Penal, Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda. Los bloques tienen plazo hasta este viernes para designar a sus representantes, y el primer tema en agenda será la reforma del régimen penal juvenil.
Mientras el oficialismo avanza con la conformación de las comisiones, sectores de la oposición reclamaron que el Poder Ejecutivo envíe con anticipación el proyecto de ley. Sin embargo, desde La Libertad Avanza confirmaron que la iniciativa será presentada el mismo día del plenario, previsto para el miércoles de la semana próxima. En esa instancia, un legislador oficialista oficiará como representante del texto, que se sumará a proyectos ya existentes.
La estrategia del Gobierno es retomar el proyecto que había obtenido dictamen durante las sesiones ordinarias del año pasado, pero que perdió estado parlamentario. Aquella iniciativa proponía inicialmente fijar la edad de imputabilidad en 13 años, aunque el consenso alcanzado con los bloques aliados —PRO, UCR y Coalición Cívica— estableció el piso en 14 años, postura que se mantendrá en esta nueva etapa.
Otro de los acuerdos que se respetará es la reducción de la pena máxima para delitos graves, que pasará de 20 a 15 años de prisión efectiva en casos como homicidio, abuso sexual o secuestro.
Con los números actuales, el oficialismo confía en alcanzar el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Justicia y Familia. En Presupuesto, La Libertad Avanza cuenta con 20 diputados sobre un total de 49 y, junto a sus aliados, supera el número necesario para reunir las firmas requeridas. La intención es dictaminar el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de febrero, mientras en paralelo el Senado debate la reforma laboral.
Uno de los puntos clave definidos en las últimas reuniones es el financiamiento de la norma. A diferencia del proyecto original, que no contemplaba el impacto fiscal, ahora se incorporará un apartado presupuestario. La decisión responde a los reclamos de los gobernadores, quienes exigieron que el costo adicional que implique la implementación del nuevo régimen sea cubierto por el Estado nacional. Desde la Casa Rosada se comprometieron a habilitar convenios entre Nación y las provincias para compensar la diferencia entre el sistema actual y el nuevo esquema.
Los principales lineamientos del nuevo Régimen Penal Juvenil
La iniciativa establece los 14 años como edad mínima de punibilidad y fija una condena máxima de 15 años exclusivamente para delitos graves. La privación de la libertad será considerada un recurso excepcional, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño.
El proyecto también prevé la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice el acceso a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones. El personal deberá contar con formación específica en infancia y adolescencia, y se prohíbe de manera absoluta la convivencia con detenidos adultos.
Entre las sanciones alternativas se incluyen la amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral, restricciones de circulación y prohibición de conducir vehículos. Estas medidas podrán aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez años cuando no haya existido muerte ni violencia grave, siempre con aval del Ministerio Público Fiscal y previa escucha de la víctima.
Además, se habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, con participación obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
El régimen se complementa con programas educativos, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas, asistencia psicológica y médica, y controles sobre el consumo de alcohol y estupefacientes. Todas las medidas serán supervisadas por profesionales especializados designados por el juez.
Finalmente, el proyecto contempla intervenciones específicas para casos de salud mental, consumo problemático y contextos familiares violentos, con notificación al juez civil competente cuando sea necesaria una internación, para asegurar el seguimiento integral de cada situación.
