La Cámara de Diputados ratificó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono extraordinario de $70.000 a $110.000. Con esta decisión, que requiere ser rechazada por ambas Cámaras para caer, la postura del Poder Ejecutivo quedó firme.
El resultado mostró con claridad la paridad del escenario político: la oposición reunió 160 votos afirmativos para sostener el proyecto original, mientras que el oficialismo cosechó 83 rechazos. A ellos se sumaron seis abstenciones, que resultaron decisivas, ya que al aumentar el número de presentes elevaron el umbral necesario para alcanzar los dos tercios.
Las abstenciones no pasaron inadvertidas. Cuatro diputados de Misiones, alineados con el líder renovador Carlos Rovira, optaron por no definir su postura. A ellos se sumaron María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola, cercana al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio. El mandatario de Entre Ríos también jugó a favor del Gobierno con el voto negativo de Francisco Morchio, integrante del bloque Encuentro Federal.
Otros gobernadores aportaron en la misma dirección. Alfredo Cornejo (Mendoza) influyó en los votos en contra de Lisandro Nieri y Pamela Verasay, mientras que el santacruceño Claudio Vidal sumó a José Garrido a las filas libertarias, pese a que en un primer momento se había pronunciado a favor de debatir la medida. También tres radicales —Atilio Benedetti (Entre Ríos), Soledad Carrizo (Córdoba) y Gerardo Cipolini (Chaco)— respaldaron al oficialismo y completaron la nómina de legisladores que sostuvieron el veto presidencial.
Para La Libertad Avanza, el resultado significó una victoria clave después de haber sufrido un revés en la misma jornada, cuando la Cámara ratificó la ley de emergencia en discapacidad pese al veto presidencial. Allí, el oficialismo había quedado en minoría frente a 172 votos a favor y apenas 72 en contra.
La oposición, por su parte, llegó a ilusionarse en el inicio de la sesión. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, puso a consideración la habilitación del debate, se alcanzaron 159 votos afirmativos, cifra que equivalía a dos tercios gracias a la ausencia de 18 legisladores, entre ellos cinco libertarios y cuatro del PRO. Pero el clima cambió durante el debate: algunos diputados aclararon que si bien habían avalado la discusión, no acompañarían la iniciativa. Fue el caso del liberal Ricardo López Murphy, quien calificó al proyecto como “mal diseñado”.
En el intercambio parlamentario no faltaron las acusaciones. Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, apuntó contra quienes cambiaron su postura:
“No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No hay llamado del Gobierno ni de ningún gobernador que justifique eso. Te está mirando el país”.
En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuestionó la falta de coherencia de algunos legisladores:
“Más que nunca hay que ser serios y tener convicciones ante este tema”.
El radical disidente Fernando Carbajal fue todavía más lejos:
“Quiero denunciar que algunos gobernadores están presionando a sus diputados. Es una forma de corrupción cambiar ATN por jubilados”.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida vetada tenía un costo estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI. La diferencia para los jubilados no es menor. Con el esquema vigente, en agosto el haber mínimo se ubicó en $314.305, que sumado al bono de $70.000 totalizó $384.305.
Si la norma sancionada en el Congreso hubiera seguido adelante, la cifra habría trepado a $446.928, producto de un haber básico de $336.928 más un bono de $110.000. En el caso de la jubilación máxima, el monto pasó de $2.114.977 a un hipotético $2.267.263.
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