El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro general convocado para este jueves, en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo en la Cámara de Diputados. La advertencia fue transmitida por altas fuentes de la Casa Rosada, que ratificaron la decisión de aplicar la medida como ya ocurrió en huelgas anteriores
La convocatoria fue lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que prevé una huelga de 24 horas en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el recinto. De concretarse el cronograma legislativo, el oficialismo buscará dictamen el miércoles para debatir el proyecto al día siguiente.
Desde el Gobierno sostienen que los trabajadores “pueden hacer lo que quieran”, pero remarcan que quienes no concurran a sus puestos o no cumplan funciones sufrirán el descuento salarial correspondiente. A diferencia de la última huelga nacional de abril de 2025, esta vez se espera una paralización total del transporte público, ya que los gremios del sector confirmaron su adhesión.
Gremios estatales: adhesión con diferencias
En el sector público, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, adhirió al paro pero no a la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una protesta frente al Congreso durante el debate parlamentario.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, defendió la movilización al considerar que dejar “vacía la calle” facilitaría el avance del proyecto en Diputados. Desde UPCN, Rodríguez justificó la medida de fuerza al sostener que la reforma “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.
El eje de la polémica
El llamado al paro tuvo como detonante la controversia por el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas. Tras el impacto público de ese punto, el oficialismo anunció cambios en la redacción original, que serán formalizados en comisión. De aprobarse con modificaciones, el texto deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
En la Casa Rosada relativizan el impacto de la huelga y consideran que la rectificación en el capítulo de licencias podría restarle fuerza a la protesta. Sin embargo, sectores sindicales advierten que el debate puso bajo la lupa otros aspectos de la denominada “Modernización Laboral”, como la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de que convenios de empresa prevalezcan sobre los de actividad y las condiciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
Transporte paralizado y tensiones internas
El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que el transporte ferroviario se detendrá por completo durante 24 horas, en línea con la decisión de la CGT. Se espera que colectivos, trenes y subtes no presten servicio, lo que podría complicar la asistencia laboral incluso de quienes no adhieran a la medida.
La modalidad del paro también generó diferencias dentro del sindicalismo. Dirigentes como el titular de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, cuestionaron la estrategia de la CGT por no convocar a un paro con movilización masiva, al considerar que se trata de una discusión estructural sobre derechos laborales y no de una negociación salarial.
Así, el jueves se perfila como una jornada de alta tensión política y sindical, con el Congreso como epicentro del debate y un fuerte contrapunto entre el Gobierno y los gremios por el alcance de la reforma laboral y sus consecuencias.
