En un fallo histórico de alto impacto político, la Corte Suprema dejó firme esta semana la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la adjudicación de obras públicas durante sus dos mandatos presidenciales (2007–2015).
La ex presidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta agravada. La maniobra, según la Justicia, benefició sistemáticamente al empresario Lázaro Báez, desviando fondos estatales hacia intereses privados vinculados a la familia Kirchner.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, sostuvo que detrás de la retórica de desarrollo para Santa Cruz se ocultó un «Caballo de Troya» presupuestario, que sirvió como base de operaciones para una estructura criminal organizada. “La política pública que su gobierno pregonaba escondía el presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal”, escribieron los jueces en su sentencia de 1.616 páginas.
El origen de la causa
La causa Vialidad comenzó formalmente en diciembre de 2016, cuando el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta, junto a José López, Lázaro Báez y otros exfuncionarios, por asociación ilícita y administración fraudulenta. La investigación reveló un esquema sistemático de asignación irregular de 51 contratos de obra vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, adjudicados principalmente a empresas del Grupo Báez, como Austral Construcciones, mediante licitaciones amañadas y sin competencia real.
Uno de los elementos clave fue el Decreto 54/2009, que trasladó los fondos del fideicomiso de obra pública al control de la Dirección Nacional de Vialidad, entonces dirigida por Nelson Periotti —también condenado—, lo que facilitó el desvío de recursos hacia las firmas del entorno kirchnerista.
“Plan limpiar todo” y la ruta del dinero
Durante el juicio oral, salieron a la luz mensajes de WhatsApp del ex secretario de Obras Públicas José López —recordado por el episodio de los bolsos con millones de dólares en un convento— que evidenciaron una estrategia para asegurar el cobro de deudas y cerrar empresas antes del traspaso de mando en 2015. El tribunal denominó este operativo como el “plan limpiar todo”.
Los jueces también demostraron que parte del dinero desviado terminó en empresas familiares de los Kirchner, como Los Sauces y Hotesur, a través del alquiler de hoteles y propiedades en Santa Cruz y Buenos Aires. Estas actividades fueron documentadas en causas conexas que aún aguardan juicio oral.
La confirmación de la condena
En noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— confirmó las condenas del TOF 2. En su voto, Borinsky subrayó la manipulación del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 para el uso discrecional de fondos. Hornos, por su parte, rechazó las denuncias de “lawfare”, aludiendo a ellas como “una nueva teoría conspirativa que busca evitar la rendición de cuentas”.
El fallo también ordenó el decomiso de 84.000 millones de pesos, cifra estimada del perjuicio económico al Estado, que deberá ser actualizada y distribuida entre los condenados según su grado de responsabilidad.
La postura de la Corte
Al rechazar los recursos presentados por las defensas, la Corte Suprema afirmó que se garantizó el debido proceso y que las sentencias anteriores se basaron en pruebas contundentes, valoradas según los principios de la sana crítica racional. “Las sanciones impuestas tutelan el sistema republicano y democrático de gobierno conforme a las leyes penales vigentes”, concluyó el máximo tribunal.
En consecuencia, quedaron firmes las condenas a:
Cristina Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua
Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti: 6 años de prisión
Juan Carlos Villafañe: 5 años
Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses
José Santibáñez y Mauricio Collareda: 4 años
Raúl Daruich: 3 años y 6 meses
Todos fueron también inhabilitados de forma permanente para ejercer cargos públicos.
Un caso emblemático
La causa Vialidad representa la primera condena penal firme y de cumplimiento efectivo contra Cristina Kirchner. Otras causas relevantes, como “Los cuadernos”, “Hotesur”, “Los Sauces” o el “Memorándum con Irán”, aún esperan llegar a juicio oral. Con el respaldo unánime de las instancias judiciales, este fallo se convierte en uno de los casos más trascendentales de la historia judicial argentina en materia de corrupción estatal.
