La acusación de la UIF: CFK es “la jefa de la asociación ilícita” A las 11:33, poco después de concluidas las imputaciones a Baratta, Lazarte, Centeno, Dragonetti, Balán y Tasselli en este tramo de la causa, comenzó la lectura del pedido de elevación a juicio de la Unidad de Información Financiera, querellante en el caso, encabezada hoy por el fiscal federal Paul Starc, con Mariano Galpern, director de litigios penales del organismo, como parte de la audiencia. El texto repasó el esquema de la asociación ilícita. “Para ganar una obra pública”, asegura el planteo, “una empresa entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba a los funcionarios”, con una preponderancia de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. El nombre de Daniel Muñoz, el fallecido secretario del ex presidente y el principal cobrador del caso, “aparece 87 veces en los cuadernos”. Galpern y Starc, director de Galpern y Starc, director de litigios y titular de la UIF
El juicio por los cuadernos de las coimas avanzó este jueves con su séptima audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7, en un tramo marcado tanto por planteos defensivos como por la lectura de imputaciones clave. El proceso, considerado el más trascendente de la última década en materia de corrupción, volvió a ponerse en foco luego del intento de la defensa de Julio De Vido de recusar a los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli, denuncia que finalmente fue desestimada.
Un inicio tenso tras el intento de recusar al tribunal
El martes, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro cuestionaron la imparcialidad de los jueces por los fundamentos de la reciente condena a De Vido en la causa Gas Licuado. Tras un cuarto intermedio que se extendió casi cinco horas, el planteo fue rechazado “in limine”. La defensa adelantó que apelará y anunció que pedirá la intervención de un veedor del Colegio de Abogados.
Superado ese incidente, el tribunal retomó la lectura del segundo requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Carlos Stornelli en 2019, un documento de 142 páginas centrado en un expediente paralelo al de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Pagos, empresarios y la estructura de recaudación
La imputación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y empresarios, destinada a recaudar retornos ilegales a cambio de beneficios en obra pública y contratos estatales.
Stornelli describe dos canales de recaudación: uno encabezado por Roberto Baratta y su secretario Nelson Lazarte, y otro por Ernesto Clarens y empresarios vinculados. Ambos confluirían en entregas de dinero en el departamento de los Kirchner y en la Quinta de Olivos.
Entre los empresarios involucrados se mencionaron:
Hugo Dragonetti (Panedile), acusado por 22 pagos.
Jorge Alberto Tasselli, con 6 supuestos aportes y una extensa actividad vinculada al Ministerio de Planificación.
Jorge Balán (Secco), señalado por tres pagos y presuntos beneficios en licitaciones energéticas.
Los cuadernos de Centeno, eje del expediente, fueron nuevamente citados. Según una anotación leída este jueves, Baratta habría acumulado unos 15 millones de dólares durante su gestión.
La acusación de la UIF: CFK, en la cúspide de la estructura
La Unidad de Información Financiera, querellante en el juicio y representada por el fiscal federal Paul Starc y el director de litigios penales Mariano Galpern, presentó su propio requerimiento: un documento de 176 páginas.
El texto remarca que el sistema de recaudación ilegal fue diseñado por Néstor Kirchner y continuado “sin modificaciones” durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Para la UIF, la exmandataria fue “la jefa de la asociación ilícita”, a la que se le atribuye una estructura piramidal y un esquema de retornos provenientes de contratos estatales. Daniel Muñoz, fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, aparece mencionado 87 veces en los cuadernos como principal recolector de fondos.
El capítulo empresario: Calcaterra, Roggio y otros arrepentidos
La UIF también avanzó sobre los empresarios involucrados. Entre ellos, Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, arrepentido y acusado por 16 hechos. Según el organismo, pagó coimas “por presión” del Poder Ejecutivo. Su defensa ofreció casi $3.000 millones para lograr el sobreseimiento, pero el tribunal rechazó el planteo; lo mismo ocurrió con la propuesta de Aldo Roggio, que había ofrecido $1.800 millones.
El documento también menciona al grupo Pescarmona. La declaración como arrepentido de Francisco Valenti, mano derecha de Enrique Pescarmona, fue leída completa: detalló pagos a Baratta entregados en sobres y valijas en distintos hoteles.
Lo que viene
Tras un cuarto intermedio, el juicio continúa con la lectura de las imputaciones restantes por parte de la UIF y luego dará paso a las defensas. Aunque la audiencia virtual mantiene un bajo nivel de público —este jueves hubo menos de 200 espectadores en YouTube—, el caso continúa avanzando con un volumen de documentación que promete prolongar el proceso durante varios meses.
