Los jueces de la Sala I —Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens— consideraron que aún persisten dudas sobre las gestiones realizadas entre el Estado argentino y la farmacéutica norteamericana.
“Las negociaciones no fueron plenamente analizadas, especialmente si se las compara con la celeridad con la que se concretaron acuerdos con otros laboratorios”, señalaron en su resolución.
El caso se inició a partir de dos denuncias presentadas en 2021. Una fue impulsada por legisladores de la oposición, y la otra por familiares de personas fallecidas durante la pandemia. Ambas apuntaban a la falta de explicaciones claras sobre los motivos por los que Argentina no accedió en tiempo y forma a las dosis de Pfizer.
Durante los primeros meses de la pandemia, la decisión del gobierno de priorizar el acuerdo con el laboratorio ruso que producía la Sputnik V generó controversias. La demora en cerrar un contrato con Pfizer alimentó sospechas de irregularidades y desató un fuerte debate público. Recién en septiembre de 2021 llegaron al país 20 millones de dosis de esa vacuna. Según datos oficiales, más del 90% de las personas que fallecieron por COVID-19 en Argentina no estaban vacunadas o no habían recibido las dosis de refuerzo recomendadas.
En diciembre pasado, el juez federal Ariel Lijo había desestimado las denuncias, argumentando que no había elementos suficientes para avanzar. Sostuvo que no podía establecerse un “debido tiempo” para adquirir determinada cantidad de vacunas, y remarcó que existió voluntad política por parte del Gobierno para negociar con Pfizer.
También indicó que no constituía una conducta ilícita negociar con otros laboratorios mientras no se concretaban acuerdos con esa farmacéutica. Según Lijo, las decisiones tomadas se enmarcaron dentro de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo.
El fiscal federal Carlos Stornelli apeló la resolución, señalando que no se habían realizado pruebas clave. Advirtió sobre “diferencias notorias” en los tiempos de tramitación entre los contratos con Pfizer y los firmados con otros laboratorios. Según sostuvo, la negociación con la empresa estadounidense sufrió un retraso considerable, afectando la disponibilidad de dosis para el país en un contexto de emergencia sanitaria.
La Cámara Federal le dio la razón y ordenó continuar con la investigación. Consideró que los elementos recabados hasta el momento “no alcanzan para descartar un eventual trato desigual” entre Pfizer y otros proveedores. “Resulta necesario profundizar en las gestiones realizadas y en los criterios que guiaron la adquisición de vacunas”, concluyeron los jueces.
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