La causa Vialidad entra en una etapa clave: ya no se discute la condena en sí, sino cómo se hará efectivo el decomiso de bienes por una cifra millonaria que supera los $684.000 millones. El fallo de la Cámara de Casación no solo confirmó esa obligación, sino que fijó un mecanismo concreto para intentar recuperar ese dinero.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la tasación y posterior ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, además del empresario Lázaro Báez y varias de sus firmas.
El proceso quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2, que deberá aplicar lo dispuesto por la Corte Suprema en su reglamento sobre bienes decomisados. En la práctica, esto implica:
Tasar todos los activos involucrados.
Subastar propiedades y otros bienes.
Depositar el dinero obtenido en cuentas de la Corte Suprema.
Además, si existen bienes que puedan tener utilidad social —por ejemplo vehículos o inmuebles—, podrán ser asignados de forma provisoria a organismos públicos o destinados a programas sociales, educativos o de asistencia.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es que prevé un escenario de insuficiencia. Si los bienes principales no alcanzan para cubrir el monto fijado, la Justicia avanzará sobre el patrimonio del resto de los condenados, como José López y otros exfuncionarios.
Incluso, el Ministerio Público Fiscal podrá identificar nuevos bienes durante la etapa de ejecución, ampliando así el alcance del decomiso.
Alcance del decomiso: bienes heredados
El fallo también fija un criterio importante: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados. Esto impacta directamente en la situación patrimonial de los hijos de la ex presidenta.
Mientras los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña avalaron este criterio, Mariano Borinsky votó en disidencia parcial al considerar que los bienes heredados no deberían ser alcanzados.
Cuál es la última instancia para los condenados
Aunque el fallo de Casación marca un avance fuerte en la ejecución, el proceso aún no está completamente cerrado. Las defensas pueden:
Presentar un recurso extraordinario ante la propia Cámara de Casación.
Si es rechazado, recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Esa instancia representa la última vía judicial disponible antes de que el decomiso quede firme y se ejecute sin posibilidad de revisión.
La decisión de Casación no solo apunta a este caso puntual, sino que refuerza un criterio más amplio: evitar que las condenas por corrupción queden en lo simbólico mientras los bienes obtenidos de manera ilícita siguen en manos privadas.
En ese sentido, el avance del decomiso será determinante para medir el alcance real de la sentencia en la causa Vialidad.
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