Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N° 2 que avance sin más demoras con la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa conocida como “Vialidad”. La solicitud se produce tras el vencimiento del plazo de pago de $684.990.350.139,86, monto actualizado por los peritos de la Corte Suprema y derivado del daño causado a la Administración Pública.
En su dictamen de 65 páginas, los fiscales recordaron que la sentencia que halló culpables a los imputados quedó firme el 10 de junio de 2025, tras el rechazo de todas las apelaciones. Sin embargo, pasados más de cuatro meses, aún no se ha concretado la ejecución del decomiso. “Los condenados se negaron a devolver el dinero de la defraudación. Para decirlo claro: no depositaron ni un solo peso”, enfatizaron Luciani y Mola, quienes subrayaron que esta resistencia constituye una afrenta a la sentencia y al principio de igualdad ante la ley.
El pedido de los fiscales apunta a recuperar los bienes defraudados para destinarlos a fines públicos, como educación, salud, vivienda, jubilaciones y obras públicas. Entre los activos reclamados se encuentran 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, incluidos hoteles, terrenos, viviendas y complejos de departamentos. Algunos de estos bienes habían sido cedidos por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia, luego de consumado el fraude. Para los fiscales, esta cesión no los exime del decomiso, ya que forman parte del patrimonio ejecutable durante el período de la defraudación.
Los condenados se opusieron al remate, alegando cuestiones de competencia del tribunal y planteando que algunos bienes eran de terceros ajenos. Los fiscales respondieron que todos los planteos habían sido desestimados y que los recursos presentados por Báez y los demás condenados no podían frenar la ejecución. Además, dejaron constancia de que recurrirán a la Cámara Federal de Casación si el tribunal decidiera no ejecutar los bienes.
Luciani y Mola concluyeron que la justicia debe exigir el cumplimiento de la ley por igual para todos, incluso para quienes ocuparon cargos de poder. “Se trata de una orden de decomiso firme que tiene que ser ejecutada sin más demoras, utilizando los múltiples bienes embargados desde antaño para cubrir el monto total fijado como producto del delito”, sostuvieron.
La medida constituye un paso clave en la causa que reveló un esquema sistemático de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Santa Cruz, donde se direccionaron obras públicas en beneficio de empresas vinculadas a Báez y sus socios.
