Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron este martes que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad.
En un dictamen de 10 páginas los fiscales señalaron que no existen razones humanitarias ni médicas que justifiquen el otorgamiento de una medida excepcional como el arresto domiciliario. El caso quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal 2, que se encuentra en condiciones de resolver la cuestión en el transcurso del día.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, indicaron los fiscales, quienes también subrayaron que la ex presidenta no presentó motivos de salud que impidan su encarcelamiento en una unidad penitenciaria.
Edad, seguridad y jurisprudencia
La defensa de Cristina Kirchner había argumentado su edad (72 años) como causal suficiente para acceder a la prisión domiciliaria. Sin embargo, Luciani y Mola recordaron que la ley no establece una obligatoriedad sino una facultad: el beneficio “podrá” ser otorgado, y debe analizarse caso por caso.
Respecto a las condiciones de seguridad alegadas por la defensa, como su condición de ex presidenta y el intento de magnicidio sufrido en 2022, los fiscales remarcaron que estas pueden ser atendidas en unidades propuestas por el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich.
También citaron un antecedente reciente: el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once. A pesar de haber cumplido 70 años, su pedido de prisión domiciliaria fue rechazado por el juez Jorge Gorini, el mismo magistrado que debe resolver la situación de Cristina Kirchner.
Sin problemas de salud y con custodia penitenciaria
El informe socioambiental realizado por el sistema judicial determinó que la ex mandataria se encuentra en buen estado de salud, lo que refuerza la postura de la Fiscalía de no hacer lugar al beneficio.
Además, Luciani y Mola rechazaron el pedido de eximirla del uso de tobillera electrónica, recordando que su aplicación es obligatoria. También cuestionaron el pedido de que la custodia quede en manos de la Policía Federal, sosteniendo que esa función debe recaer sobre el Servicio Penitenciario Federal, que cuenta con agentes especialmente capacitados.
Los fiscales señalaron que el domicilio propuesto por la ex presidenta, en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, no ofrece garantías suficientes y genera “dudas” por su ubicación y por las recientes manifestaciones frente al edificio.
