Los peritos de la Corte Suprema de Justicia actualizaron el monto que deberán reintegrar, de forma solidaria, los condenados en la causa Vialidad. El nuevo cálculo eleva la cifra original de 85 mil millones de pesos —determinada en la sentencia de 2022— a $684.990.350.139,86, equivalente a unos 540 millones de dólares al tipo de cambio actual.
El informe técnico, realizado con participación de expertos del Ministerio Público Fiscal y basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, fue elaborado conforme a los criterios de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. La actualización refleja los perjuicios económicos derivados de sobreprecios, cartelización de licitaciones, obras no ejecutadas y valores inflados.
El documento será evaluado por los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), que en 2022 condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho imputados por un esquema sistemático de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación Penal y, finalmente, por la Corte Suprema.
Un fallo con impacto millonario
Entre los condenados figuran:
Cristina Fernández de Kirchner
Lázaro Báez
José López
Nelson Periotti
Juan Carlos Villafañe
Raúl Pavesi
Mauricio Collareda
José Santibáñez
Raúl Daruich
La sentencia calificó la maniobra como “un hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, y consideró que los beneficios obtenidos fueron “incuantificables, financieros y absolutamente contrarios al interés público”.
¿Qué ocurre si no pagan?
Una vez que el TOF 2 —presidido por el juez Jorge Gorini— analice y valide los nuevos montos, se intimará a los condenados a realizar el pago correspondiente en un plazo de diez días. En caso de incumplimiento, se avanzará con la ejecución de bienes embargados, que incluyen propiedades, cuentas bancarias, acciones societarias y vehículos.
El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación, destacó que la concreción del decomiso es clave debido al “daño social inconmensurable” generado por la defraudación. Junto al fiscal Sergio Mola, presentó un informe detallado sobre los activos detectados, entre ellos bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y del empresario Lázaro Báez.
Para la ex mandataria, se solicitó mantener embargos sobre fondos en cajas de seguridad, cuentas bancarias, 25 propiedades transferidas a sus hijos en 2016, y acciones en las firmas Hotesur S.A., Los Sauces S.A. y COMA S.A.. Báez, en tanto, posee más de 130 inmuebles en Santa Cruz y el control accionario de constructoras como Austral Construcciones.
¿A dónde irán los fondos?
Según la Ley 23.853 y una acordada de la Corte Suprema, el dinero recuperado por decomiso se destina al presupuesto del Poder Judicial. Sin embargo, los fiscales del caso insistieron en darle un uso social, proponiendo que se inviertan en salud, educación, vivienda e infraestructura, como forma de reparación simbólica y material del daño ocasionado al Estado.
“Debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”, señalaron.
Próximos pasos judiciales
El proceso de ejecución del pago se iniciará tras la resolución del tribunal. La causa Vialidad fue el primer juicio oral que culminó con una condena contra Cristina Kirchner, pero no será el único. En los próximos meses, la ex presidenta enfrentará otros procesos, como la causa «Los Cuadernos» y las investigaciones por presunto lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces.
