La mansión allanada de supuestos testaferros de Chiqui Tapia
En medio de los allanamientos realizados este jueves, la Cámara Federal porteña resolvió apartar al juez Daniel Rafecas de la investigación sobre la mansión de Pilar que estaría vinculada a altos dirigentes de la AFA. El expediente pasará ahora al Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del magistrado Marcelo Aguinsky.
La decisión fue tomada por el camarista Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, luego de intervenir en un conflicto de competencia originado cuando Rafecas recibió la denuncia presentada por la Coalición Cívica. En su momento, el juez federal había considerado que el caso debía investigarse en el fuero penal económico y remitió allí la causa, pero el juzgado sorteado no aceptó la derivación. El desacuerdo obligó a la Cámara a definir el rumbo del expediente.
Por qué se aparta a Rafecas
Según Bruglia, en esta etapa preliminar no se advierten elementos que justifiquen la intervención del fuero federal, ya que la investigación se circunscribe al “orden económico y financiero”, un ámbito propio del fuero penal económico.
Por tal motivo, la Cámara resolvió que el expediente continúe en ese ámbito y pidió al nuevo juez que también revise la competencia territorial para determinar dónde deben desarrollarse las actuaciones.
Qué pasará con los allanamientos
Aunque la causa cambiará de juzgado, Rafecas continuará a cargo del operativo que dispuso este jueves en la mansión de Villa Rosa, en Pilar, hasta su finalización. El magistrado ya había ordenado el embargo preventivo de la propiedad y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles hallados en su interior, ante sospechas vinculadas al delito de lavado de activos.
La vivienda, registrada a nombre de una sociedad, estaría presuntamente relacionada con altos dirigentes de la AFA. En los últimos días, además, trascendieron datos que vinculan la propiedad con su anterior dueño, el exfutbolista Carlos Tevez.
Con el expediente camino al juzgado de Aguinsky, la investigación continuará bajo la órbita del fuero penal económico, que deberá determinar si existió o no una maniobra de lavado detrás de la adquisición y uso del inmueble.
