Daniela Silva Muñoz y Nicolas Rodríguez, durante la campaña presidencial de 2023, en una actividad de su agrupación política
El avance de la investigación judicial por una presunta red de abusos sexuales que operó durante años en la ciudad de La Plata —incluso dentro del Senado bonaerense— dejó al descubierto una trama de omisiones, encubrimientos y vínculos políticos que atraviesan distintos estamentos del Estado provincial.
En ese contexto, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reconoció que ya tenía conocimiento de las acusaciones que pesaban sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, antes de asumir su cargo en diciembre de 2019, aunque aclaró que en ese momento se trataba de “rumores” sin avances judiciales.
Los acusados acumulaban denuncias desde 2014 y 2019, que no prosperaron durante años. La falta de respuestas fue tal que al menos una de las víctimas decidió abandonar La Plata y radicarse a más de 300 kilómetros. Recién en 2024 y 2025, con la aparición de nuevas denunciantes, la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, reactivó los expedientes y abrió nuevas causas.
La intervención tardía del Ministerio
El Ministerio de Mujeres bonaerense tomó intervención formal recién en octubre de 2024, tras el pedido de ayuda de una empleada del Senado provincial. El caso fue evaluado por el Equipo Interdisciplinario de la Legislatura y derivado al área de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, dependiente de la cartera que conduce Díaz.
Desde el organismo se indicó a la denunciante que debía realizar primero la denuncia penal para acceder a medidas de protección, como el botón antipánico, una práctica que fue cuestionada por sectores del feminismo por considerar que revictimiza y retrasa la asistencia estatal.
La denuncia penal finalmente se concretó a mediados de 2025. Para entonces, Rodríguez y Silva Muñoz ya tenían dictadas órdenes de restricción, aunque continuaron compartiendo actos públicos con las víctimas, incluso violando esas medidas. Recién en diciembre de 2024 fueron apartados del Senado, aunque siguieron percibiendo sus sueldos hasta su detención, ocurrida el mes pasado.
Vínculos políticos y actos compartidos
Durante el período investigado, los acusados mantuvieron presencia activa en espacios políticos vinculados al peronismo platense. Existen registros fotográficos que muestran a Estela Díaz compartiendo actos con ambos militantes entre 2020 y 2025, incluso después de conocidas las denuncias.
La ministra negó vínculos orgánicos con La Capitana, aunque admitió que los acusados “se acercaban a actos públicos y buscaban sacarse fotos”, una estrategia que —según sostuvo— utilizaban para “protegerse”.
Testigos aseguraron que en al menos cuatro actos públicos durante 2025 los imputados coincidieron con las víctimas, pese a las restricciones judiciales, y que en cada ocasión debió intervenir la policía para retirarlos.
La figura clave: la “falsa abogada”
Un elemento central para sostener durante años el esquema de impunidad fue Melina Gaudino, conocida hoy como la “falsa abogada”. Según la investigación, Gaudino simulaba representar legalmente a las víctimas, asegurándoles que las denuncias avanzaban cuando en realidad no existían presentaciones judiciales.
El abogado Claudio Yacoy denunció que Gaudino utilizaba su nombre sin autorización y relató maniobras de engaño sistemáticas para frenar el avance de las causas. Pese a no contar con título habilitante, Gaudino ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Municipalidad de La Plata y, posteriormente, en la UTN La Plata, siempre presentándose como abogada.
Su paso por la función pública estuvo acompañado de vínculos políticos y judiciales que le permitieron sostener su posición hasta que fue finalmente apartada a fines de 2024.
Un entramado bajo investigación
Esta semana, la fiscal Lacki solicitó la unificación de todas las causas que involucran a la cúpula del Movimiento Ciudadano La Capitana. La definición de la competencia quedó en manos de los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.
Mientras la Justicia avanza, el caso expone una década de inacción estatal, fallas de control y un entramado político que permitió que las denuncias permanecieran silenciadas, incluso cuando ya eran conocidas en los pasillos del poder.
