Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vice de la Corte Suprema y ejes de una investigación para detectar quiénes les «armaron» líneas telefónicas en Misiones
El dato surgió al analizar las líneas generadas ilegalmente a nombre de Rosatti. Desde uno de esos teléfonos apareció una supuesta línea de Carlos Rosenkratz y otra de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata. Crece el escándalo y podría haber más casos
Por: Patricia Blanco
Siguen las sorpresas cuando se empieza a tirar del hilo del escándalo de hackeos y teléfonos en el mundo de la justicia. Según pudo saber Infobae, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) analizó las cuatro líneas telefónicas que se habían generado en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y que él no había pedido. Es más, se enteró por casualidad cuando le llegó la factura e hizo la denuncia penal.
Lo que se detectó a partir de los rastrillajes sobre esas líneas shockeó a los investigadores: se descubrió que el total de líneas inventadas eran en realidad cinco y que el operativo para generarlas empezó en diciembre, en medio del fallo de la coparticipación. Pero además que desde uno de los equipos celulares en donde se activaron líneas de Rosatti, también aparecieron líneas a nombre de Carlos Rosenkrantz, el vicepresidente de la Corte, y de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata.
Así surge del informe al que en exclusiva accedió Infobae y que fue entregado en las últimas horas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de lo que podría transformarse en una megacausa que analice si existió un plan sistemático para espiar a jueces o sustituirles la identidad para hacerse de líneas a su nombre y así cometer delitos. “Desde hacer una estafa hasta involucrarlo en una red de pedofilia. El objetivo aún no está claro, pero sí esta claro que se buscó hacer uso de la identidad del juez de la Corte”, señalaron las fuentes.
Si alguien tuviera que explicarlo de manera simple (con perdón a los expertos) un celular tiene dos vidas: la de la tarjeta sim y la del IMEI, una suerte de DNI del equipo. Lo que se reveló es que cuando se activaron las líneas de Rosatti, se descubrió que desde ese dispositivo también se activaron líneas a nombre de Rosenkrantz y de Skanata, una jueza trasladada por Cristina Kirchner en 2015 al juzgado federal con competencia electoral de Misiones.
“Se identifican 39 abonados, además de los cinco a nombre de Horacio Daniel Rosatti que impactaron en esos IMEI. Los 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas. De las 28 personas identificadas, 2 pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz”, determinó la DAJUDECO. Según pudo saber Infobae, la línea de Rosenkrantz se activó en Misiones, en febrero.
Casi como en una caja de mamushkas, a partir del entramado de líneas telefónicas que ahora se están analizando, no se descartan que puedan aparecer más líneas a nombre de jueces, revelaron las fuentes consultadas. Por lo pronto, el juez Martínez de Giorgi ordenó tomarle declaración por escrito tanto a Rosenkrantz como a Skanata sobre esta situación, revelaron a Infobae las fuentes consultas. A partir de ahí, se abrirá un nuevo escenario para seguir tirando del hilo.
“Lo que queda claro es que esto toma una magnitud diferente de la que se creía inicialmente -dijeron fuentes de la investigación a Infobae-. Hay un entramado de identidades de personas de la justicia en momentos determinados que registran problemas con sus teléfonos. Por un lado los hackeos, por el otro la generación de líneas telefónicas. Hay que ver quiénes están detrás de esta estructura delictiva que tuvo varias capas y etapas”.
El 29 de marzo, el presidente de la Corte denunció en Comodoro Py que le habían creado cuatro líneas telefónicas a su nombre, que eso ocurrió en enero y desde Misiones, y que se enteró casi por casualidad: llegaron a su casa de Santa Fe reclamos de la empresa de telefonía exigiendo el pago. Mandó cartas documento a la empresa y al confirmar la respuesta sobre la existencia de esas líneas denunció el caso por “falsificación de documento destinado a acreditar identidad”. que prevé de uno a seis años de prisión.
El fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la denuncia por estar de turno, ordenó las primeras diligencias para resguardar información. El caso fue sorteado y recayó en manos del juez Martínez De Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa.
Pero el mismo juez ya tiene en sus manos otras tres denuncias sobre hackeos de teléfonos celulares a jueces de Comodoro Py: los del juez de Casación Mariano Borinsky, y los jueces de la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Todos ellos se quedaron durante horas o días sin control de su teléfono porque alguien se hizo pasar por ellos ante la compañía de teléfono y pidió un cambio de chip. Así entraron a sus comunicaciones hasta que los funcionarios recuperar el control de la línea. Estos fueron solo los que lo denunciaron: hubo más casos, como el del juez de Casación Gustavo Hornos.
Se trata de una mecánica similar a la que sufrieron en un mismo período de tiempo el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el diputado Diego Santilli. La investigación penal sobre el caso D’Alessandro, que sustancia la fiscal porteña Daniela Dupuy, llegó hasta un hacker de 22 años que confesó que le pagaron menos de 15 mil pesos por objetivo. Ahora se analiza quién estuvo detrás de esa maniobra.
El caso comienza a unir sus piezas si se toma en cuenta el robo de declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura que se descubrió en junio pasado. Ayer, Infobae reveló que una auditoría reveló que en realidad se manipularon más de 300 declaraciones juradas a magistrados, muchas de ellas con información secreta y que además desaparecieron otros 82 sobres de magistrados. El fiscal Ramiro González dictaminó que esa información podría haber sido usada para hacker los teléfonos con datos reservados.
Pero los investigadores no solo tienen que descubrir qué hay detrás de eso sino también de lo que se disparó ahora tras la denuncia del presidente de la Corte Suprema. En este caso la mecánica es diferente: hacerse pasar por él y generar líneas de teléfono a su nombre. ¿Con qué fin? Es un misterio, pero la principal sospecha es que a partir de ahí se buscaría cometer delitos en los que termine involucrándolo como el titular de la línea.
Lo que primero se hizo en la causa fue pedirle a la firma Telecom Personal S.A. que informara todos aquellos abonados registrados a nombre de Horacio Daniel Rosatti y se requirió asistencia técnica con el objeto de individualizar los datos de titularidades históricos e información registral de abonados determinados de los informados a su nombre. También el detalle de cómo se obtuvieron las líneas y cuáles fueron los puntos de venta. Ahí entró la DAJUDECO y una vez más los destinos conducen a Misiones.
Las líneas a nombre de Rosatti nacieron una el 20 de diciembre; otra el 9 de febrero, otras dos el 18 de febrero y una última al día siguiente, el 19. De la del 20 de diciembre no se tenía conocimiento, el dato surgió recién ahora porque el presidente de la Corte solo supo de la existencia de cuatro. El agente que la vendió es Electromisiones. Cuatro de las líneas fueron en distintas sede de la empresa en Posadas. La quinta fue en Garupá, un tranquilo destino que se ubica a 15 kilómetros de la capital misionera.
Se activaron a través de la modalidad prepaga, pero después registraron un cambio de plan que fue realizado desde la App Mi Personal, al que se accede sin crear ni usuario ni contraseña. La empresa informó que no tenía el detalle de la información que la justicia le pedía. Por ese sistema repro (sin equipo terminal) prepago, el cliente ingresa el chip en su celular, marca un número gratuito, pone su DNI y responde tres preguntas para validar su identidad. Ahí el cliente queda habilitado para usar la línea. El impostor de Rosatti supo responder a esas tres preguntas cada una de las veces que habilitó las cinco líneas.
El juez le pidió a la DAJUDECO que ampliara esta información: requirió estudios de entramados de comunicaciones y de ubicaciones geográficas respecto de los abonados tramitados a nombre de Rosatti, tal como reveló Infobae hace dos semanas. Los celulares tienen vida propia a través de los chips, pero también desde el IMEI: International Mobile Equipment Identity, un identificador único que tiene cada teléfono móvil.
La DAJUDECO analizó el detalle de los registros de comunicaciones, con impacto de celdas de los números sacados a nombre de Rosatti, pero también de los impactos de IMEI para cada una de las líneas mencionadas y respecto de dichos IMEI, se aporte la totalidad de la información transaccional, domicilios y teléfonos asociados y titularidades, como así también, copias certificadas de los contratos de adquisición. También se buscó saber, a partir de los IMEI, todos los abonados históricos que hayan traficado comunicaciones a través de ellos. Y el detalle de las comunicaciones vía llamados, SMS o datos móviles.
En ese entramado de comunicaciones (con entrecruzamiento, interlocutores frecuentes, interlocutores comunes y estudio de entramado social), los investigadores se encontraron con una novedad: los nombres de Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema, y de la jueza de Posadas entre los abonados que se unen a las líneas inventadas a Rosattti.
Desde los IMEI, los abonados registraron un total de 106.509 comunicaciones. Desde el mismo IMEI que se activó una línea inventada al presidente de la Corte terminada en 75 aparece la activación de tres líneas a nombre de una persona llamada Nelly Soledad Valdes pero también una de la jueza María Verónica Skanata. Desde otro IMEI (el número 359072090862720) en donde se activó una línea a nombre de Rosatti que termina en 11, se registra la activación de una línea que termina en 96 cuya titularidad responde a Rosenkrantz. El nombre de Skanata aparece otras veces. La DAJUDECO también tomó notas de otros nombres que se repiten y que están bajo investigación. Continuará.
