La mujer trans fue asesinada en 2023
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó el sobreseimiento de nueve policías bonaerenses implicados en el homicidio de Sofía Fernández, una mujer trans hallada sin vida en una celda de la comisaría 5ª de Presidente Derqui, en Pilar, en abril de 2023. Con esta decisión, los diez agentes imputados —incluido uno que ya debía afrontar el proceso— serán juzgados en un debate oral y público.
El fallo, firmado por los jueces Oscar Roberto Quintana y Leonardo Gabriel Pitlevnik, anuló la resolución del juez de Garantías Walter Saettone, quien había favorecido a nueve de los acusados. La Cámara consideró que existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de homicidio agravado y encubrimiento, por lo que la investigación debe avanzar hacia el juicio.
Un crimen con saña y encubrimiento
Según la acusación, Sofía Fernández fue asesinada mientras permanecía bajo custodia policial, entre las 17:00 del 9 de abril y las 7:00 del 10 de abril de 2023. El informe de autopsia determinó que murió asfixiada: le introdujeron en la boca una prenda íntima y trozos de colchón, lo que le provocó una obstrucción de la vía aérea.
Los investigadores sostienen que se trató de un homicidio agravado por odio a la identidad de género, por la premeditación y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad.
Los principales acusados por el asesinato son los agentes Carlos Matías Rodríguez, Yesica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz, todos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Otros siete policías —Ezequiel Francisco Ávalos Ybáñez, Gustavo Gabriel Camacho, Gabriela Itatí Miño, Camila Belén Pitulak, Gonzalo Germán Robles, Daniel Eduardo Salerni y Miriam Elisabeth Valor— enfrentarán cargos por encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos, delitos cometidos, según la acusación, para ocultar las pruebas del crimen.
Manipulación de pruebas y falsificación de registros
Entre los elementos que sostienen la acusación se detectó la adulteración de libros de guardia, la desaparición de actas de inspección de calabozos y la manipulación del teléfono celular de la víctima, del que fueron borrados más de 1.300 registros digitales —incluidos 190 mensajes— entre el 8 y el 10 de abril de 2023.
El tribunal advirtió inconsistencias en los registros oficiales y halló fotografías y mensajes que demuestran una coordinación entre los imputados para alterar la documentación interna de la comisaría. En algunos casos, los nombres consignados en los partes no coincidían con la presencia real de los agentes en el lugar.
La autopsia, clave para descartar el suicidio
El estudio forense fue determinante para descartar la hipótesis de suicidio planteada por las defensas. La médica legista que realizó la autopsia sostuvo que era “muy poco probable que la muerte de Sofía haya resultado de una conducta autolesiva”. Además, se destacó la inexistencia de antecedentes de suicidios con características similares.
La defensa, por su parte, presentó un informe pericial de la Policía Federal que sugería un posible suicidio, pero la Cámara consideró que el documento “no logra desvirtuar la hipótesis acusatoria” y carece del rigor necesario para justificar un sobreseimiento.
Violencia estructural y obligación del Estado
En su resolución, los magistrados subrayaron que el hecho ocurrió en un contexto de extrema vulnerabilidad.
“La población trans está a menudo sometida a condiciones estructurales de marginalidad y violencia sistemática, lo que las coloca en un estatus social desventajoso leído por otros actores como condiciones de posibilidad para ejercer la violencia”, expresaron los jueces.
El fallo también remarca la obligación del Estado de investigar de forma exhaustiva las muertes bajo custodia policial, especialmente cuando involucran a personas de grupos históricamente discriminados.
Sofía Fernández permaneció aislada en una celda sin agua, sin luz y sin servicios sanitarios, lo que incrementó su indefensión. El tribunal citó además mensajes de tono discriminatorio recuperados de los teléfonos de algunos agentes, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por odio.
La hermana de la víctima, Sandra Mabel Valdez, quien se constituyó como querellante, encabezó marchas y reclamos de justicia desde el inicio del caso. Ahora, con la revocación del sobreseimiento, la causa avanza hacia un juicio que buscará esclarecer las responsabilidades penales de los policías imputados.
