El procurador Jorge García, de Entre Ríos, consideró que el acuerdo que firmaron miembros de la fuerza provincial con el gobernador Urribarri fue «extorsivo, producto de la sedición». Adelantó que denunciará a 70 efectivos ante la Justicia.
García, procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, evaluó que el acta firmada el 9 de diciembre entre Sergio Urribarri y los policías que llevaban adelante un motín es nula. «Es ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica», aseveró.
El funcionario apuntó como prueba la fotografía que se difundió del momento en que se rubricaba el acuerdo que ponía fin a la protesta, en la que se observa que los efectivos que rodeaban al mandatario portaban sus armas reglamentarias.
«Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la extorsión, a tal punto que el acta aquella va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar», afirmó. «Nadie hace ostentación, pero el arma reglamentaria está en la cintura y en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones. Esto es la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición», señaló.
A su juicio, «el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados», afirmó.
«Ni bien salgamos de la feria judicial se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones», anticipó. «Así también contra los que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos, por ejemplo efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados», precisó.
García comentó que en las reuniones que mantuvo con otros fiscales para analizar el material que quedó documentado sobre esos días observaron que «algunos procederes (de la Policía) se llevan puesto medio Código».
«El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados», dijo. «Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad», remarcó.
El procurador indicó que hay tres líneas investigativas en marcha: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores. «Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral. Lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados», explicó.
«Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados», afirmó.